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Acerca de la sucesión rectoral

Movimiento Estudiantil Espartaco

Septiembre de 2005

Aparentemente, hay disputa en torno al proceso de sucesión rectoral en la Universidad Autónoma de Puebla. Sin embargo, una somera revisión de su historia política rectoral desde la década de los 80 nos ofrece un panorama claro del fondo real de esa disputa, que sólo es aparente, pues el contubernio que ha existido entre los Vélez y los grupos dogeristas persiste, muy a pesar de la cadena de golpes bajos y marranadas que unos a otros se hacen, llevándose entre las patas a la comunidad universitaria y valiéndoles un bledo el uso de los recursos públicos, extraídos de los trabajadores, que se utilizan para el funcionamiento de esta casa de estudios. Ambos grupos tienen en común la búsqueda del control de los recursos financieros de la UAP y las canonjías que conllevan en cuanto a la posibilidad de usar a la institución como trampolín para brincar a algún puesto de la administración gubernamental.

El proyecto fraguado

Para los ex integrantes del malamente autollamado Partido Comunista Mexicano (PCM) y ex rectores Alfonso Vélez Pliego y José Doler Corte, que fueron quienes dieron rostro al proyecto, el objetivo —traicionando sus propios principios y alegando la modernización de la educación— era, como buenos traidores que siempre han sido, primero introducir a los “chingones” del PRI a los recintos universitarios y luego entregar a ese nefasto, desde siempre, partido político para que éste rigiera la vida universitaria, bajo sus intereses y los de quienes eran favorecidos por su proyecto político y económico.

Las prácticas de corporativismo, amarres y agandalle de los recursos públicos, propias de estos dirigentes del PCM en Puebla, si sufrieron un cambio fue sólo para consolidarlos e institucionalizarlos, pues el control de grupos corporativos y porriles les garantizó la eliminación o cooptación de varias de las agrupaciones que eran democráticas de trabajadores y estudiantes. Por tanto, el proceso significó sólo una modificación formal que encubría la traición a los principios democráticos y al proyecto de Reforma Universitaria que pugnaba por una Universidad democrática, crítica y popular. Alfonso Vélez (1981-1984 y 1984-1987) hizo campaña con el muy válido argumento de que la Universidad no debe estar sujeta al imperio de partido alguno, pues por entonces los integrantes del PCM, gracias a acuerpar los principales cargos administrativos en la Universidad, repartían a discreción puestos y plazas y hacían y deshacían en cuestiones académicas. La mayoría de los universitarios estaban en contra de estas prácticas corporativas y abusivas y por tal motivo apoyaron a Alfonso Vélez, quien derrotó en las elecciones a Luis Ortega Morales, el candidato oficial del PCM. En cambio, ya como Rector inició el ataque a las agrupaciones democráticas de los trabajadores (como el SUNTUAP, por mencionar sólo una, la más significativa, por las consecuencias que dicho ataque trajo en detrimento de la calidad académica de la Universidad) y las que se oponían a los grupos dizque comunistas. Traicionando a su propio partido, logró consolidarse en el poder de la Universidad a través de organizaciones formadas ex profeso en las cuales se repetían las mismas prácticas del PCM, pero ahora bajo la línea de los velecistas.

En 1987 Samuel Malpica, quien también fue militante del PCM, gana las elecciones, oponiéndose a los grupos velecistas. La pugna por el control de la Universidad, dividida por los intereses corporativos de los velecistas y los malpiquistas, condujo posteriormente a una etapa de desconocimiento de la autoridad del Rector por el Consejo Universitario y viceversa. Esto condujo al golpe de mano que le dieron al Rector en funciones Samuel Malpica, orquestado y capitalizado hábilmente y en contubernio con el mismo Malpica, por Alfonso Vélez y José Doger, quienes pusieron a dos títeres como interinos, mientras se afianzaba la intromisión y el control gubernamental en asuntos universitarios (Véase Cuadro 2)

Después José Doger (1990-1993 y 1993-1997) —un individuo de bajo coeficiente intelectual—, como insigne discípulo de Alfonso Vélez y bajo su anuencia culminó la traición al proyecto de Reforma Universitaria bajo el discurso de la renovación educativa, a tono del auge modernizador del neoliberalismo impulsado por el PRI. Su acción política se encaminó a culminar la obra de Vélez Pliego, a destruir la lucha —librada desde los 70— por construir la Universidad como una institución dedicada a la creación científica y artística, que desarrollara el debate crítico y riguroso de las ideas, lucha iniciada por el mismo PCM y que significó el asesinato de varios de sus valientes y heroicos propugnadores ejecutados por el gobierno del Estado, el cual fue directamente responsabilizado de estos hechos.

La intervención cada vez más frecuente del Gobierno del estado en las decisiones universitarias se hacía patente con la institucionalización de los porros al convertirlos en cuerpos de seguridad que garantizaran que la promoción del cambio de imagen de la Universidad se pudiera realizar. Se desplegaron grandes campañas publicitarias en radio, televisión y medios impresos para eliminar la percepción de una institución hasta entonces definida como rebelde, problemática e inestable.

Aunque para esas fechas parecía inaceptable que algún gobernador de Puebla ingresara al campus universitario, José Doger invitó a su amigo, asesor y mentor Manuel Barttlet Díaz —autor intectual de la inolvidable “caída del sistema” de cómputo en 1988— a la inauguración del Centro de Tecnología Educativa (CTE), símbolo aún utilizado por los propagandistas oficiales de la UAP para presentar la renovación dogerista, este hecho fue la corona de la entrega de la Universidad al PRI...

Una cuestión de imagen...

Una vez entregada la Universidad por los traidores “redondos” —porque son traidores del lado que se les mire— al PRI, el gobierno soltó mucho dinero para que grandes inversiones fueran hechas para remodelar y construir edificios, así como en artículos de promoción y campañas publicitarias de la UAP.

El modelo de mercado de las universidades estadounidenses era, supuestamente, la guía de estas acciones. Se amplió el número de licenciaturas y de maestrías de moda, se buscaron formas de financiamiento privado, se establecieron convenios con empresas regionales y multinacionales para que los egresados prestaran servicio social en ellas, desde luego sin que se les pagara o sólo se les diera pa’ los camiones.

Por tanto, la Universidad vio aumentar constantemente el subsidio público a cambio de su subordinación a los dictados gubernamentales, lo cual se observa notablemente en la reducción de la matrícula, que ha sido constante desde entonces. Los directivos y administradores, que tienen los más altos salarios y las mayores posiciones de poder al interior de la institución, fueron y son aún nombrados sin relación alguna con sus méritos académicos, el único requisito es no oponerse a la política ejecutada por rectoría.

El Rector y su equipo tenían y tienen servicio de seguridad particular y cada alto funcionario administrativo y directivo maneja un auto, propiedad de la Universidad, todo pagado con el presupuesto de la institución.

Cocinando legislaciones ex profeso

El Consejo Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad, fue y es el que legaliza las acciones que los rectores han emprendido sin legitimidad, haciendo legislaciones a modo o no haciéndolo en absoluto donde así les convenía.

La más desvergonzada y descarada fue la aprobación el 11 de julio de 1996 de que los rectores tuvieran un sueldo vitalicio. Los directores que, pese a la faramalla de un proceso de elección, son directamente nombrados por el Rector, también fueron beneficiarios de estas leyes a modo y gozan del sueldo asignado a ese cargo por 4 años más después de su ejercicio —despues, se aprobó que los directores se puedieran reelegir y por tanto, recibir su compensación ya no sólo 4 sino hasta 8 años más—. La medida de la pensión vitalicia a rectores fue anulada oficialmente el 12 de marzo de 2001, en un estira y afloja con el objetivo de que el Gobierno del estado proporcionara más recursos a la Universidad y como muestra de un “mejor uso de los recursos universitarios”. (Véase Cuadro 1)

Tampoco se ha “aprobado”, y por tanto no existe —y la BUAP es la única Universidad pública que no lo tiene en el país—, un “Reglamento de ingreso, permanencia y ascenso del personal académico y administrativo de la BUAP”, lo que permite tener una estructura de control que va desde el Rector a los directores de las facultades y de estos al personal académico y administrativo que es seleccionado para entrar a la BUAP de acuerdo con los intereses políticos de los directivos y no por criterios académicos; por ello, dicho personal tiene que alinearse en todo sentido a los mandatos de las autoridades, pues va de por medio la chamba que les fue otorgada discrecionalmente.

A esto hay que agregar que en el año electoral 2002 —de acuerdo con el Anuario 2002, pp. 44-48— en la Universidad Autónoma de Puebla había 3,735 docentes de los cuales sólo 58.9% (2,125 profesores) tenían tiempo completo, requisito indispensable para que sea otorgada una plaza, lo cual nos indica que la proporción de académicos con plaza es necesariamente menor. De aquí, podemos considerar que al menos la mitad de los profesores universitarios en 2002 no tenían una plaza en la UAP y estaban sujetos a la renovación de contrato año con año, es decir, eran empleados eventuales sujetos a remoción en cualquier momento a discreción de los intereses de los grupos que tienen el poder político. Así, dado que 1,018 maestros (27.3%) tenían medio tiempo y 592 (15.9%) eran profesores contratados por horaclase, se amarraba la obligada subordinación de estos a las órdenes de la Dirección de la unidad académica, y esto está por encima de cualquier libertad de cátedra o de exposición de las ideas, pues si éstas afectan a los intereses de quienes controlan cada unidad académica sería una rareza pensar que se les renovaría el contrato, y eso cada profesor lo sabe. Por ello, no es casual el aumento constrastante en la proporción de tiempos completos y la disminución del número de académicos de 2002 a 2003, pues se debió a los manejos dados para favorecer la reelección de Enrique Doger.

De esta forma las facultades de manera local y la Universidad en su conjunto están integradas por mafias controladas por los directivos y, por encima de ellos, el Rector y los grupos a los que éste representa.

Estas mafias operan para proveer de legislaciones especiales para cada situación concreta. Así, José Doger logró derogar el voto universal para la elección de autoridades e hizo aprobar el método de composición del Consejo Universitario y el de elección de Rector a través del voto sectorial en la Asamblea Plenaria del Consejo Universitario del 20 de septiembre de 1991... ¡Por fin se cumplía el viejo sueño acariciado por Alfonso Vélez y sus compinches, quienes argumentaban que era inconcebible que los estudiantes eligieran a las autoridades universitarias, porque nunca un estudiante va a “tener más valor” que un académico! (como si la Universidad fuera un mercado y se tratara de mercancías, entre las que los “académicos” valieran más que los estudiantes).

Al acabar su segundo periodo, José Doger dejó el cargo a Enrique Doger, quien se reelegió por un periodo más. Antes de culminar su rectorado renuncia en el tiempo exacto para que Enrique Agüera sí pudiera ser nombrado “Rector sustituto” por el Consejo Universitario que estaba bajo su control. Así garantizó que su periodo de elección se cumpliera, pues conforme a la legislación no era necesario convocar a elecciones extraordinarias, pues ya habían pasado dos años de funciones del periodo rectoral. Por tanto, Enrique Agüera no fue electo Rector por la Comunidad Universitaria, sino por el Consejo Universitario y, bajo una trampa legaloide, ahora puede contender para Rector, sin que quepa la posibilidad de cuestionarlo por reelegirse, y en cambio sí tiene la posibilidad de abonarse el terreno para en cuatro años más reelgirse, como ya lo hizo Enrique Doger.

Los estudiantes no cuentan en la toma de decisiones de la UAP

Con la imposición del voto sectorial se legisló el quitarnos a los estudiantes todo peso político en la toma de decisiones de la política universitaria, en un Consejo Universitario controlado por Alfonso Vélez, quien a su vez era Consejero, y cuyo Presidente era José Doger, entonces Rector. Además ese método no ha sido impugnado por ninguno de los aspirantes a rectores desde entonces. A través de él, la capacidad de elección de los sectores de la comunidad universitaria se restringe o potencia de la siguiente forma:

Los estudiantes y los profesores tienen igual peso como sector, pues por cada representante de los alumnos hay un representante de los profesores, a pesar de la enorme disparidad numérica que existe entre un sector y otro (en proporción de 15 a 1) Los directores tienen un voto que no necesitan consensar con nadie, y como el Rector designa a los Directores y los Directores nombran al Rector, se hace un vínculo entre ambas autoridades universitarias que es de “ida y vuelta” Los trabajadores no académicos se ponderan por área geográfica y están subordinados al Director o directores de área, por lo que son fácilmente obligados, si se requiere, dada la arbitrariedad que existe en el Consejo Universitario, a lo que hay que agregar el que ellos están “representados” por un sindicato blanco

El Consejo Universitario está en la actualidad compuesto por 178 consejeros propietarios y el Rector que cuenta con un voto de calidad, las proporciones que corresponden en la actualidad a la composición de este órgano de Gobierno universitario se muestran en el Cuadro 3.

¿En dónde está la paridad?

El voto de un Director es equiparable al voto de 751 alumnos, con el agravante de que el Director fue puesto por el Rector, entonces en qué momento habría paridad en este proceso. El mismo voto del Director equivale a lo que votan 51 académicos.

También el voto de un consejero académico equivale al voto de 15 alumnos, y si a esto se le incorpora el que cerca de la mitad de los profesores están sujetos a la renovación de su contrato siempre que acaten los proyectos impulsados por el Rector o por el Director de su unidad académica, entonces el asunto se vuelve más maniatado.

De esta forma, el hecho de que ninguno de los aspirantes a rectores haya siquiera cuestionado ese método de elección muestra el interés objetivo que tienen en cuanto aspirantes... sólo hacer el caldo gordo para que el delfín del Rector saliente —que en este caso es el mismo Rector— simule un proceso democrático que de antemano tiene asegurado ganar.

Corrompiendo consejeros

El manejo del Consejo Universitario le ha resultado fácil a los rectores de la UAP. Es pública la corrupción que en este órgano de gobierno se da. Varios consejeros han testificado el enorme flujo de recursos que rectoría pone a su disposición para garantizar la aprobación y legalización de sus proyectos. Para ello, a varios Consejeros Universitarios les han llovido viajes a Cuba, invitaciones a comer, carta abierta en algunos restaurantes; les han ofrecido autos, les pagan sus borracheras, juergas y hasta compañía ad hoc para que estén contentos a cargo del presupuesto de la UAP.

El estatus que daba ser invitado del Rector se impone hasta en sitios con NRDA (“nos reservamos derechos de admisión”) y centros nocturnos de élite, de acuerdo con testimonios de consejeros y exconsejeros universitarios. Estos datos son comentados por los mismos consejeros universitarios, están documentados en diferentes medios impresos de circulación masiva y se pueden econtrar también en Alma Elia Osorio Guzmán. Globals yes! But Traditionals as well!. The local Responses to the Globalisation of Higher Education: A case in Mexico. De esta forma, las autoridades universitarias —a costa de una gran cantidad de recursos públicos— financian la connivencia y pasividad de los consejeros, o hasta su activismo en pro de las posiciones rectorales.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico de la UAP, el consejo Universitario debe reunirse en sesión ordinaria durante la segunda quincena de cada mes, pero el nuevo Consejo, que lleva 5 meses en funciones, no ha sido convocado a ninguna sesión ordinaria, violando lo que marca la legislación, sólo se han hecho sesiones extraordinarias citadas por el Rector, en las cuales sólo se pueden tratar los temas para los cuales fue citada dicha reunión, es decir, un consejero no puede hablar o tocar otro punto que no sean aquellos para los cuales fue citado, impidiendo que se aborden otros temas que tendrían más trascendencia para los estudiantes. Inclusive, este procedimiento ilegal de no reunir al Consejo en sesión ordinaria, sólo para sesiones extraordinarias se ha hecho desde hace varios años sin que ningún consejero denuncie y exija —y no para fines electorales, como lo hace Francisco Vélez Pliego— que se cumpla la legislación universitaria.

Por otro lado, y para complementar esto, en la mayoría de los casos, los alumnos elegidos consejeros universitarios no consultan a la base en relación con lo votado en la sesiones del Consejo o lo hacen sólo cuando son estatutariamente forzados a hacerlo, pese a decir que siempre consultan, pero no precisan a quién.

El desplome del nivel académico

Aunque la campaña publicitaria ofrecía '75na Universidad mejorada con “excelencia académica”, lo cierto es que el nivel educativo se fue al suelo. Las áreas tecnológicas, que son las prioritarias en las universidades estadounidenses orientadas al mercado, no fueron relevantes en el proyecto modernizador de la UAP. En lugar de obtener ingresos por acuerdos, investigación o la venta de productos fundados en el desarrollo técnico, que en las universidades estadounidenses fueron fuentes prioritarias para captar recursos financieros, la UAP se avocó a la concesión de gasolinerías, de farmacias, de agencias de viajes turísticos y de equipos de futbol, la mayoría de las cuales son administradas como negocios familiares por la Promotora Universitaria. Para operar y administrar estas concesiones se abrió una bolsa de trabajo, en la cual se contrata a estudiantes a los cuales no se les paga formalmente un salario, sino una beca. La beca, para aparentar su validez, incluso supone que el estudiante que aspire a elle debe tener un promedio regular y superior a 8. Por tanto, aquellos que trabajan en alguna de estas empresas como empleados de mostrador o despachadores se cuentan entre los alumnos más destacados de sus áreas. De esta forma, ad hoc con la propuesta foxista de contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, la Universidad —a través de la Promotora Universitaria— emplea fuerza de trabajo: 1) sin contrato, 2) sin prestaciones, y 3) sin antigüedad laboral, y todo esto lo paga la Universidad con presupuesto público para generar ganancias cuyo destino no es del todo claro, según dicen los mismos aspirantes a Rector. (Véase Cuadro 4)

Los convenios con instituciones privadas suponen la participación de los estudiantes como trabajadores de esas empresas, pero sin que sean remunerados como trabajadores, pues “están aprendiendo” y eso “contribuye a su formación profesional”, por lo cual los alumnos, de acuerdo con la política oficial universitaria y como conclusión lógica, deberían de agradecer a los empresarios privados que les apoyen en su proceso de aprendizaje, de empinarse en vez de exigir que se les respete como universitarios y como trabajadores. Mejor aún, la publicidad oficial maneja esta sumisión como parte de la disposición de la UAP para recuperar la confianza de la iniciativa privada después de los turbulentos y oscuros conflictos de la década de los ochenta. Desde luego que quienes tienen que fregarse el lomo en estos trabajos no pagados, manejados como servicio social, son los mismos estudiantes que no tienen incidencia alguna en la toma de decisiones de la Universidad, todo para que los proxenetas que los regentean con la iniciativa privada tengan su parte del botín y el respaldo gubernamental para conservarse al frente de la UAP.

Por otra parte, los estándares de desarrollo académico y científico en la Universidad se miden ahora con el “aumento” de infraestructura en las instalaciones universitarias. Más edificios, nuevos muebles, ratoneras, colilleros, vallas y cercados, eliminación de espacios amplios para evitar manifestaciones y concentraciones estudiantiles, acotamientos de aquellos que no se pudieran eliminar completamente, y la imposición de estacionamientos “particulares” en las instalaciones pertenecientes a la Universidad fueron ofrecidos como parte de la consolidación del proyecto dogerista.

Con la frivolidad de una chica “fresa”, los Doger y su epígono Enrique Agüera presumen la apariencia de la Universidad, la cual ahora es aceptable y Benemérita (sin precisar para quién) porque se “modernizaron” sus instalaciones, se degradaron y desplomaron notablemente sus plantas y niveles académicos bajo el pesado disfraz de las calificaciones compradas, como se puede verificar incluso estadísticamente, por ejemplo, por medio de una comparación entre las evaluaciones de los egresados hace 10 o 15 años de la Facultad de Medicina y las evaluaciones que actualmente obtienen quienes cursan esas carreras. A través de un examen departamental único para cada materia es fácil controlar la venta desvergonzada de bancos de respuestas o la venta de calificaciones que han garantizado que una proporción significativa de los estudiantes de esa Facultad tengan promedios superiores a 8 y 9, pese a que sus egresados actuales resultan entre los últimos en los exámenes de acceso a residencias (Véase Cuadro 6).

La Facultad de Medicina es el botón de muestra de la situación académica en el conjunto de la Universidad. En cuanto a venta de calificaciones le disputan la primacía la Facultad de Derecho o la de Comunicación, principal pero no únicamente...

Bajo este telón de fondo, es evidente que la formación acadé-mica actual crea una fuerza de trabajo mediocre, ignorante, no problemática, de buena presentación, sumisa, náis nice, para emplearse en cualquier oficina como subordinada de bajo nivel o como obrero general... No profesionales ni científicos, sino individuos habituados a las prácticas de corrupción y soborno, al acomodo y al oportunismo, que son las relaciones que se imponen sobre las actividades académicas en la Universidad.

Para repartirse el botín

El supuesto objetivo de esos “gandallas” que “dirigen” (debería decirse administran, pues en realidad ellos son unos mercenarios al servicio de quienes tienen el poder político tanto a nivel regional como nacional) la Universidad era el desarrollo científico y académico. Hemos expuesto a través de una muestra cómo estas aseveraciones no son más que palabras huecas. En este ámbito, la “crítica” o apología que ahora hacen de la Universidad los postulantes a rectores no es más que una actitud oportunista ante las cuestiones universitarias y sociales, fundada en el mismo discurso que ha conducido a los últimos rectores desde la década de los ochenta a “aspirar” a cargos en la administración federal, estatal o —ya a lo menos— municipal (pues en realidad carecen de méritos propios). Esto se ha visto cuando estos mercenarios están incluso en funciones, lo cual demuestra lo poco que la Universidad representa para ellos a no ser más que un trampolín para hacer carrera política.

En ese contexto, Alfonso Vélez Pliego ha pretendido y ha sido candidato por diferentes partidos políticos, tales como Convergencia o el Partido de la Revolución Democrática a diversos cargos de elección popular en varias ocasiones y desde hace varios años.

Samuel Malpica esperó en 2004 que alguien lo hicieran candidato a la gubernatura por el PRD y se quejó lastimeramente porque pusieron al primo del entonces Gobernador priista. Además, se presenta fresco y sereno a los actos protocolares auspiciados por la Rectoría de la UAP, desde la época de José Doger, sí, de quien lo metió a la cárcel. Desde luego, pese a que Malpica estuvo dos años en la cárcel, los cargos “carecían” casualmente (¿¡!?) de sustento jurídico válido...

José Doger consideró en 1997 nada despreciable la posibilidad de ser candidato a diputado por el PRI y ventajosamente recibió como premio ya por bastante tiempo el cargo de Auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Puebla.

Su primo y heredero Enrique Doger resultó alcalde de la ciudad de Puebla. Y extendió el dedo para dejar a su delfín y corporativamente mejor apuntalado aspirante a Rector, el golpeador profesional Enrique Agüera Ibáñez, La Güera. Como ejemplo de este corporativismo hay que destacar el contubernio de La Güera y del también porro Guilermo Nares, candidato a Director de la Facultad de Derecho, quien también fue un aspirante reconocido a la rectoría y que —acuerdo de por medio— va ahora a dirigir esa unidad académica. Tal es la afinidad y pertenencia a un mismo proyecto que incluso la propaganda que está circulado es una misma para La Güera y para Nares, uno para Rector y el otro para Director. Sin más ni más, la delincuencia dirigiendo la Universidad...

El conjunto de esta historia de ascensos políticos basadas en traiciones a la comunidad universitaria es en realidad lo que han impuesto en la Universidad como proyecto universitario, amordazado desde luego con grandes negocios (Véase Cuadro 5). Si no, simplemente hay que analizar los nexos establecidos con constructoras, inmobiliarias, proveedoras y universidades patito que son administradas en forma privada incluso por funcionarios universitarios durante sus rectorados. Si Malpica fue a la cárcel presuntamente por un fraude, cuánto no han hecho los demás que han mamado de la Universidad ya por más de 20 años, o más restringidamente los 15 que lleva el dogerato, que ya amarró al menos otros cuatro años la rectoría, y si reeligen a La Güera serán ocho años más de ese nefasto y corrupto proyecto.

Así, para repartirse el botín lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, y para ello ni campaña necesitan, esos arreglos son —como los asuntos de cama— en lo oscurito...

Escalando puestos

La relación entre los ex rectores mencionados es algo que no se puede perder de vista al momento de analizar la vida universitaria, pues en ellos cuatro se personaliza la responsabilidad de la actual “bancarrota universitaria”. (En relación con los oscuros personajes que sirvieron nefastamente a los servicios de Alfonso Vélez y José Doger: el ilegal e ilegítimo “Rector interino”, Juvencio Burroy, y el “Rector interino del interino” Eduardo Jean Pandal, su historia es tan gris que a duras penas pueden mantenerse aún mamando del presupuesto, amén que las cadenitas de trapacerías que han realizado motiva su nulo poder de convocatoria y su inexistente representatividad en la Universidad. (Véase Cuadro 2)

Esos individuos amarraron desde rectoría sus nexos con las instituciones de Gobierno, a las que finalmente entregaron la Universidad completamente. Alfonso Vélez Pliego inició el proceso. José Doger Corte lo continuó y, traicionando a su “padrino” Vélez Pliego, inició el período mafioso de los dógeres, dejando en la Rectoría a su también oligofrénico y autista primo Enrique Dóger Guerrero, presidente municipal y represor priista de la ciudad de Puebla.

Samuel Malpica merece mención especial porque no cantó mal las rancheras y cuando quiso jugar sin el dueto formado por Alfonso Vélez Pliego y José Doger Corte fue a dar a la cárcel. Después, simplemente firmó un “pacto de no agresión” con los anteriores, esgrimiendo diversos pretextos, llegando hasta a causar lástima.

Alfonso Vélez, José Doger y Samuel Malpica fueron figuras importantes y hasta dirigentes del PCM.

Enrique Doger no tuvo necesidad de eso, él recibió la Rectoría por herencia. Así, el hace años “apolítico”, pero siempre priísta, Enrique Doger tomó ventaja de esos nexos del Gobierno hacia la Universidad y como perro placero se peleó el hueso de una alcaldía sin soltar el que tenía en el hocico. Y ahora, fiel al proyecto, Agüera hace lo mismo al interior de la Universidad para hacerse Rector electo. Desde luego, ahora es tiempo de política, ya la academia se fue muy, muy... lejos.

El papel lacayuno y llanamente mediocre de estos personeros se demuestra al comparar, por ejemplo, declaraciones de autoridades de otras universidades del estado en relación con asuntos sociales concretos de los cuales en esta casa de estudios casi ni se discute, amén de los universitarios que estén directamente inmiscuidos en ellos, y sobre los cuales la Universidad Autónoma de Puebla, que muy a pesar de esos rectores —que la tratan como si fuera propiedad privada de ellos— sigue siendo pública, no hace pronunciamiento alguno... ¿Qué hay sobre la pobreza? ¿Los movimientos armados? ¿Los derechos humanos? ¿Y los defensores de derechos humanos asesinados, una de ellas en el estado de Puebla? Vaya, ni siquiera sobre la intromisión de Estados Unidos en Irán, en Cuba o en Corea del Norte, que físicamente están a miles de kilómetros de distancia es digno de un pronunciamiento de esta Universidad, todo porque las autoridades de esta casa de estudios viven empinados ante los dictados de quienes tienen el poder político en México.

Ahora bien, ante este contexto podemos observar en primera instancia la asociación del grupo de Alfonso Vélez Pliego con el de José Doger Corte. Al llegar este último a rectoría —tras meter a la cárcel a Samuel Malpica, quitándolo por el momento de la disputa por el reparto del botín—, se divide ese grupo y se presentan como opositores quienes tenían el mismo proyecto. José Doger —al igual que Mariano Alcocer en el PRI—, con leguleyadas se reelije primero y después impone a su primo cuyo único mérito era ser primo del Rector. Enrique Doger no rompe con José Doger, y se reelije. El proyecto original fraguado entre Alfonso Vélez Pliego y José Doger no se modifica y lo presenta Enrique Doger como un proyecto consolidado.

Para dar continuidad al proyecto y una vez lanzado a candidato a alcalde, Enrique Doger impone como interino a Enrique Agüera, cuyo único mérito es... ¿cuál es? Ahh, sí, ser su mejor... ¿cómo se dice?, bueno pongámosle discípulo, y sobre todo ser un emérito porro de excelencia, pues pese a haber sido públicamente denunciado por haber ordenado golpear a los organizadores de un foro sobre la gratuidad de la educación en México el 10 de abril de 2000 en las instalaciones de la Facultad de Administración de la que era Director y pese a que se presentaron —de acuerdo con lo señalado en las actas del Consejo Universitario— denuncias ante el Ministerio Público por estas acciones represivas, el máximo órgano de Gobierno de la Universidad —como era de esperarse— desechó los señalamientos, dejando limpio al orquestador de la agresión y suspendiendo por 6 meses a los que —recibiendo órdenes de Agüera— golpearon a estudiantes universitarios. Pero eso ¿qué importa?, ahora Enrique Agüera se postula para ser Rector electo.

El proyecto no ha cambiado entonces. La disputa es por el reparto del botín, de la Universidad y los dividendos que de aquí puedan salir tanto directamente del presupuesto como indirectamente de los negocios que a través de ella se puedan hacer... Ahora bien, los grupos que aparecen en disputa son básicamente tres:

1. El grupo dogerista (cuyo candidato es el porro emérito Enrique Agüera)

2. El grupo velecista (cuyo candidato es Francisco Vélez Pliego, hermano de Alfonso)

3. El grupo de Daniel Alcántara, el cual presumiblemente será respaldado por Malpica. Aquí sólo agregaremos que Alcántara es parte del grupo mayor de los Vélez —igual que los Doger también lo fueron—, pero para esta disputa se presenta aparentemente sólo. Entre sus obras destacables están el haber sido velecista, esquirol del Suntuap, esquirol hacia los Vélez, en fin, toda una veleta... Además a nivel gubernamental se le liga —como a todos los anteriores juntos— con el bartlismo, por medio del exsecretario de Salud en el estado, Eduardo Sánchez Valdés.

Por todo lo dicho anteriormente, Samuel Malpica no tiene, de hecho, posibilidad ni representatividad democrática alguna, así es que nuevamente de meterse al ruedo es para servir de tapadera esperando que le caigan algunas migajas del banquete.

Alfonso Vélez Pliego, además de no tener ni pizca de vergüenza, pues fue su corriente la que inició el desmantelamiento de la Universidad Democrática, ahora presenta a su propio hermano como candidato (quizá piensa seguir la línea familiar, casi nobiliaria que inauguró su pupilo José Doger Corte y que él practica en el Instituto de Ciencias y Humanidades), seguramente no para que gane sino solamente para posicionarse dentro del rastro, que es en lo que han convertido a la BUAP toda esta cáfila de pillos.

Enrique Agüera es tan anodino que únicamente como porro ha tenido alguna importancia en su feudo, la Escuela de Administración, y por lo mismo, todo seguirá en paz cuando él gane, como Dios manda. Amén.

De espaldas a la Comunidad Universitaria

De acuerdo con el Reglamento de elección de autoridades personales universitarias, en su Artículo 1-2: “El Rector será nombrado por el Consejo Universitario previa auscultación de la comunidad universitaria que se efectuará en dos etapas: la auscultación para la nominación de candidaturas y la auscultación sectorial o elección”.

Sobre este proceso, el Artículo 9 del citado Reglamento establece que “La Comisión de Auscultación se integrará, para el caso de nominación de candidatos a Rector, con doce miembros, seis de los cuales serán miembros del Consejo Universitario —tres académicos y tres estudiantes—, y los otros seis de entre los miembros del personal docente y de investigación —tres y tres—, ambos de la más alta categoría y nivel, pudiendo considerarse la calidad de emérito y la antigüedad”. El Artículo 10 de ese Reglamento establece que “Los miembros del la Comisión de Auscultación a que alude el artículo anterior serán designados por el Consejo Universitario y en el caso de sus miembros docentes e investigadores a propuesta de los Consejos de Docencia”.

Desde esta etapa la intervención del Consejo Universitario para determinar el rumbo del proceso limita la posibilidad de cualquier universitario aspirante a ser Rector de la Universidad, pues una junta de notables determina, bajo parámetros subjetivos, quién es idóneo para contender en el proceso y quién no. Pero esto es sólo un aspecto más del turbio proceso de elección de Rector que está subordinado a decisiones de cúpula y que se negocia tras bambalinas. No obstante, es necesario recalcar que ninguno de los actuales candidatos idóneos al puesto de Rector cuestionaron ni el voto sectorial ni la Comisión de Auscultación para remarcar su plena identificación con el proyecto corporativo de corrupción consolidado por los Doger.

Pero abundemos. El Consejo Universitario designa a los miembros que integran la Comisión de Auscultación que valora la designación de candidatos a la Rectoría, y de acuerdo con el Artículo 39 del Estatuto Orgánico de la BUAP:

“El Consejo Universitario estará integrado por:

“1. El Rector, quien será su Presidente.”

De esta forma, el actual Rector interino Enrique Agüera se convierte en JUEZ y PARTE de este procedimiento, generando una situación que violenta los principios de justicia y equidad más fundamentales del derecho, lo que denota su proceder impositivo, ya que siendo él mismo Presidente del Consejo Universitario, tuvo amplias facultades para interferir en el procedimiento de auscultación, y las tendrá en el procedimiento de elección. Esta situación autoritaria obviamente beneficiará sus aspiraciones a la Rectoría. Además, por si fallara algo, él tiene un voto de calidad en el Consejo Universitario.

Por si esto fuera poco, de acuerdo con el Artículo 2-2 del Reglamento de elección de autoridades personales universitarias: “Las convocatorias para el nombramiento de Rector… serán expedidas por el Consejo Universitario por conducto de su Presidente”. Miren qué bonito, el actual Rector emitió inclusive su propia convocatoria.

Por lo mientras, ya ha concluido el proceso de auscultación para la nominación de candidatos a ocupar el cargo de Rector realizado entre el 18 y 22 de agosto y ni siquiera alguno de ellos tiene la vergüenza como para denunciar estas anomalías y exigir al Consejo Universitario paridad en este proceso de elección. Pero qué importancia tiene esto, al fin en la UAP ya iniciaron campaña los candidatos a Rector para ver qué huesos consiguen.

Es necesario resaltar que el Rector Enrique Agüera ha violentado el marco jurídico de nuestra Universidad, y lo sigue violando, ya que antes de ser registrado como candidato a la Rectoría se encontraba haciendo campaña. El Artículo 30 del citado Reglamento prohíbe realizar campaña antes de quedar registrado, a la letra ese artículo dice: “La campaña electoral dará inicio a los dos días siguientes a la conclusión del periodo de registro de candidatos, y concluirá cuarenta y ocho horas antes del proceso de auscultación sectorial”, por tanto es de resaltar que el artículo 24 del Reglamento en comento establece que el REGISTRO sólo procederá para aquellos candidatos que satisfagan los requisitos previstos en la Ley de la BUAP, el Estatuto Orgánico, el Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias, la Convocatoria y que además la Comisión de Auscultación haya considerado idóneos, situaciones todas estas que no afectaron la bravuconería de Enrique Agüera ante los cuestionamientos a su campaña mediática que lleva meses realizando, por lo cual resulta ilegal el proceder de Enrique Agüera, ya que aún sin que existiera su registro, en los hechos ya hace mucho tiempo que inició su campaña. Pero para no ir tan lejos mencionemos que hay varias pruebas en medios impresos en los que se precisa la cargada que llevaba Agüera en cada acto al que asistía como Rector interino y que para el mismo proceso de presentación ante la Comisión de Auscultación asistieron acarreados de las preparatorias Benito Juárez y Emiliano Zapata, así como estudiantes de varias facultades, pues sus maestros habían suspendido clases para que echaran montón en las concentraciones. El mismo acarreo que siempre ha caracterizado a los priístas y ahora a panistas e incluso hasta a perredistas. Además, casualmente sólo hasta hace un par de semanas se propuso quitar de las propagandas oficiales de la BUAP las imágenes del Rector interino, hecho con el que pretenden engañar a la comunidad universitaria diciendo que no se ocupa la propaganda oficial de la UAP para promocionar a Agüera como candidato a Rector cuando por ejemplo a los alumnos de nuevo ingreso se les repartió una agenda con el retrato de este golpeador metido a Rector interino. (Véase Cuadro 5)

Es necesario resaltar que Enrique Agüera viola así tajantemente el artículo 32 del Reglamento de elección de autoridades personales universitarias, que establece que “La duración de las campañas no podrá ser en ningún caso mayor a veinte días hábiles cuando se trate del Rector…”, pero esta situación no le importa a nuestro Rector interino, mismo que arbitrariamente ya se ha postulado como candidato a la Rectoría, sin haber seguido los procedimientos legales universitarios, pues aunque su campaña oficial inició en los tiempos marcados, en los hechos dio inicio desde hace ya varios meses y el proceso de elección será hasta el 20 de septiembre para el procedimiento de auscultación entre la Comunidad Universitaria y el 22 para la designación del Rector por el Consejo Universitario.

En tal virtud, lo procedente es sancionarlo por desacatar incluso el marco jurídico que ellos se hicieron y que rige a nuestra Universidad, y de ser procedente descalificarlo para el procedimiento de elección a la Rectoría, toda vez que está violando la Ley de la BUAP, el Estatuto Orgánico de la BUAP, y el Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias, y de avalar esta situación su campaña sería absolutamente arbitraria e ilegal, ya que se basa en el desacato a la legislación universitaria.

En contra del voto sectorial

Por todo la antes expuesto, el Movimiento Estudiantil ESPARTACO hace un llamado a la Comunidad Universitaria a cuestionar este proceso amafiado de elección de Rector, a impugnar los procedimientos de elección y a exigir la eliminación del voto sectorial con el objetivo de acabar con la era de corrupción, dispendio y agandalle de los recursos públicos inaugurada por Alfonso Vélez Pliego y que continuará el porro Enrique Agüera Ibáñez.

No llamamos a la abstención, llamamos a la activa participación para denunciar este proceso irregular cuyo desenlace es previsible, puesto que no hay realmente contendientes, sino guiñoles a tono para simular un proceso democrático. Ni siquiera la campaña mediática que presuntamente desencadenarían los demócratas de Puebla hace un cuestionamiento del proceso, sino que los asertos publicados en distintos medios como opiniones en relación con el proceso de elección de Rector en la UAP no pasan de ser simples lamentaciones de viejas de lavadero, que sólo sirven para dar la apariencia de legitimidad a este proceso genéticamente ilegal e ilegítimo. El porro que ahora es Rector de una manera desvergonzada se ha encargado de soltar los recursos suficientes a las plumas que “forman opinión” en Puebla y con el cinismo que aprendió de sus antecesores clama contra la intolerancia de “algunos” universitarios, arguyendo que nadie puede desestimar los avances que en la Universidad se han dado. La cuestión radica en que la intolerancia es el único método que el grupo que actualmente tiene el poder practica. A falta de razones y de argumentos sólo saben descalificar o mandar a golpear... Así lo hicieron Alfonso Vélez Pliego, José Doger Corte, Enrique Doger Guerrero y también lo ha hecho e incluso sin necesidad de ser Rector Enrique Agüera Ibáñez.

Por tanto, esta participación activa —proponemos— debe traducirse en la formación de asambleas universitarias en las cuales se cuestione la forma de Gobierno que ha llevado la Universidad y que, como universitarios, nos propongamos su modificación. La organización de estudiantes y de académicos, en este sentido, se hace imprescindible siempre que se plantee acabar con el corporativismo, la corrupción, la elitización y la traición que han convertido a la Universidad en el remedo que es.

Así las cosas, instamos a presentarse a votar para anular el voto, dado que ninguno de los candidatos enarbola efectivamente las demandas de los estudiantes y de la Comunidad Universitaria por tener una Universidad verdaderamente democrática, científica y popular. Instamos a tomar una actitud crítica y participativa para tener una transformación efectiva del proceso de maniatación y amafiamiento que actualmente se vive en la Universidad. Llamamos a evitar que la apatía y el desinterés contribuyan a que un vil porro tenga las responsabilidades de regir la vida de la Universidad Autónoma de Puebla y que siga implantando el proyecto de desmantelamiento de la Universidad por otros cuatro o hasta ocho años.

Atentamente

¡Hacia la libertad por el conocimiento científico!

¡Por el carácter revolucionario del marxismo-leninismo para la transformación social!

Movimiento Estudiantil Espartaco

Cuadro 1

CUADRO 2

CUADRO 3

Cuadro 4

CUADRO 5

CUADRO 6