Para las Farc 1999 será el año de los combates sociales. No obstante, advirtieron que tampoco habrá cese al fuego. La organización afirma que vale la pena hablar con el presidente Pastrana
Enviada especial DIANA LOSADA CASTAÑO - San Vicente del Caguán, Caquetá
El “saludo de año nuevo” leído por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, en la zona de despeje le advierte a los colombianos que el próximo año será el de los combates sociales en las mesas de diálogo y señala que no habrá cese al fuego, en el sentido militar.
“Con relación al cese al fuego manifestamos que, a nivel histórico, se ha dado entre las partes enfrentadas únicamente cuando estas han superado en la mesa de conversaciones más del 90% de los desacuerdos. De lo contrario un cese al fuego no tendría razón de ser, en el   aspecto estrictamente militar”.
Los tres voceros de las Farc, Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, reunidos en el caserío de la Machaca, distante dos horas de San Vicente del Caguán, Caquetá, explicaron que confían en la voluntad de paz del presidente Andrés Pastrana.
Gómez dijo que valía la pena hablar de paz con él, “porque su gobierno es legítimo a diferencia de su antecesor Ernesto Samper”.

Año decisivo
Sobre el Batallón Cazadores, las Farc dijeron que “La decisión del señor Presidente para cumplirle al país y a su electorado la promesa de despejar totalmente los cinco municipios, constituye sin duda una refrescante noticia para todos los que deseamos ver una Colombia reconstruida, reconciliada, dueña de su soberanía y alimentada por la justicia social”.
De igual forma, los voceros del grupo subversivo pronosticaron que el próximo año, 1999, será “un año de decisivos combates sociales, donde uno de los escenarios deberá ser la mesa de diálogos entre el gobierno y la insurgencia”.
En esa mesa incluyeron a todo el pueblo colombiano, pero reiteraron la exclusión de los grupos de autodefensa o paramilitares.
“Aquí tendrán asiento, por medio de sus representantes elegidos democráticamente en asambleas populares todos los sectores de nuestra sociedad, con excepción de los paramilitares, por estar éstos representados por los voceros del Estado. Los otros escenarios serán los de siempre: calles, carreteras y puestos de trabajo”.
Deseos para la administración
Los voceros de las Farc advirtieron también que “a pesar del futuro promisorio determinado por el diálogo insurgencia-gobierno, el pueblo colombiano no tiene derecho a llamarse a engaño”.
A renglón seguido, enumeraron una serie de situaciones que según su movimiento deben cambiar si el país desea reconstruirse para alcanzar la paz: “la cascada de impuestos por iniciativa del Presidente y aprobados por el Congreso Nacional, para favorecer a los grupos financieros a costa del hambre de las grandes mayorías; la reforma política inspirada en el pasado y excluyente Frente Nacional; el trato represivo que el ejecutivo le está dando a la protesta social, al igual que las pasadas Administraciones de Gaviria y Samper; las altas tasas de interés y de intermediación bancaria; las matanzas indiscriminadas ejecutadas con sevicia contra la población civil indefensa, por el paramilitarismo como una de las modalidades del terrorismo de Estado, la corrupción galopante en la mayoría de administraciones públicas y de las mismas Fuerzas Armadas...; el recorte a la inversión social, para seguir apostándole a la guerra, como es el anuncio del Presidente sobre la profesionalización del Ejército y la creación de tres batallones, 3000 hombres...”.
Por último, los voceros guerrilleros le desearon a los colombianos para los próximos cuatro años que el presidente Pastrana logre proporcionar “trabajo y salarios dignos, estabilidad laboral, respeto, y cumplimiento de las reivindicaciones ya conquistadas, derecho a la protesta social, derecho a la vida y protección social de parte del Estado”.
 

EL ESPECTADOR 31.12.98
“No descansaré hasta que tengamos paz”
Bogotá

El presidente Andrés Pastrana Arango dijo en su mensaje de fin de año a los colombianos que su Gobierno no descansará hasta que en el país haya paz.
El mandatario nacional envió el mensaje desde Cartagena y se refirió a los dos temas que más preocupan al país: la paz y la situación económica.
Sobre el primero de ellos afirmó: “Hoy quiero reiterar que mi Gobierno no descansará hasta que tengamos paz. Soy consciente del enorme reto que significa la travesía hacia la reconciliación, llena de obstáculos, pero no por ello vamos a detenernos en ese empeño”.
Pastrana recordó los avances que se han obtenido en materia de paz. “Con el propósito de avanzar en los diálogos hemos logrado hechos significativos”, dijo.
Y al referirse a las Farc afirmó que el objetivo de la zona de distensión acordada con esa agrupación guerrillera es “lograr con prontitud el inicio de los diálogos”.
Insistió en que el próximo 7 de enero se hará presente en San Vicente del Caguán para instalar la mesa de diálogo, “tal como lo prometí en campaña”, y definió el encuentro como “un amanecer trascendental en la historia de nuestro país”.
Sobre el proceso de paz con el Eln advirtió que se ha generado confianza para avanzar en el diálogo directo, pero de alguna manera pidió mayor coordinación en el manejo de este caso.
“Es nuestro propósito que, en conjunto, se adelante un proceso de paz en donde el papel de cada uno de los actores, Gobierno, guerrilla y sociedad civil, esté claramente definido e identificado por todos”, aseguró.

Más empleo
El presidente Pastrana expresó además que no descansará hasta que “la esperanza de muchos de tener un trabajo se vuelva realidad”. Se declaró como el colombiano “al que más le duele la situación de los desempleados” y para solucionar ese problema explicó las medidas que su Gobierno ha adoptado al respecto.
Recordó que están en marcha medidas que se habían anunciado. Se refirió a que las empresas que generen un mínimo de 5% de nuevos empleos tendrán un descuento tributario hasta del 15% de su impuesto de renta.
Aseguró que en 1999 se reducirán las tasas de interés con lo cual se iniciará un proceso de recuperación de la economía y con ello habrá generación de empleo.
De igual manera anunció que el próximo año se estimulará la creación y fortalecimiento de la microempresa con estímulos tributarios y menores tasas de interés.
El presidente dijo estar seguro de que los empresarios colombianos comienzan a sentir los efectos positivos de un nuevo ambiente económico, “lo cual lleva a que reactiven su capacidad productiva”.
El mandatario nacional agradeció al Congreso por “una labor bien hecha”, y manifestó que las leyes aprobadas en el último periodo “son ejemplo del aporte de la Rama Legislativa al cambio”.
El presidente Pastrana se declaró convencido de que la actitud valerosa de los colombianos para afrontar las difíciles circunstancias será “pieza fundamental para que 1999 sea el año en que Colombia comience a vivir un futuro mejor”.
 

EL TIEMPO 30 de diciembre de 1998
Guerrilla condiciona apoyo a plan serio de sustitución

‘Cultivos ilícitos se pueden acabar en cinco años’ El vocero del grupo guerrillero ‘Raúl Reyes’ dijo ayer en la zona de distensión que para que el plan funciones debe tener el respaldo de Estados Unidos.
Si el Gobierno Nacional se compromete con los campesinos a desarrollar un plan de sustitución de cultivos ilícitos, las Farc consideran que a más tardar en cinco años habrá desaparecido la mayoría de plantaciones de coca.
‘Raúl Reyes’, vocero guerrillero para los diálogos de paz con el Gobierno, dijo que esa organización está dispuesta a colaborar en el plan siempre y cuando haya una política social.
“Las Farc pueden contribuir con su organización y con su experiencia para que los campesinos emprendan una nueva forma de subsistencia, pero siempre y cuando el Estado se comprometa a hacer su aporte económico, para que en un tiempo determinado se puedan combatir las injusticias sociales”, dijo.
“Es un proceso -agregó- que llevará de 3 a 5 años y se dará en la medida en que les entreguen a los campesinos otras alternativas productivas”.
‘Reyes’ sostuvo que para que el plan de sustitución de cultivos tenga éxito es necesario el respaldo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
A su vez, ‘Joaquín Gómez, otro de los tres voceros de las Farc, sostuvo que la organización subversiva nunca se ha comprometido a erradicar cultivos ilícitos, porque no son ni policías antinarcóticos ni los dueños de los cultivos. “Otra cosa es que contribuyamos para buscarle una salida a este problema”, dijo.
En el sur del país está la mayor concentración de cultivos de coca que, según los satélites de Estados Unidos y las cifras de la Policía Antinarcóticos, superan las 90 mil hectáreas, las cuales producen 674 toneladas de cocaína.
Al referirse al diálogo de paz, ‘Reyes’ dijo que una vez instalada la mesa de diálogo, el próximo 7 de enero en San Vicente del Caguán, se debe involucrar a la población civil para que participe en la búsqueda de soluciones a los problemas del país.
“Nada se puede hacer a espaldas de la ciudadanía. Por eso, somos partidarios que todo aquel que tenga algo qué decir se acerque a las mesas de diálogo que funcionarán en los cinco municipios despejados”, sostuvo.
Al respecto, la población de San Vicente del Caguán, sede del gobierno en la zona de distensión, afirmó no querer ser un espectador más del proceso de paz.
Su propuesta consiste en que sea permitida la participación activa de la sociedad civil en los diálogos con las Farc y que se le reconozca como elemento independiente al Gobierno Nacional y a la guerrilla.
La población civil de San Vicente, representada en el comité ejecutivo de paz, además planteó la necesidad de iniciar un proceso de reactivación económica en la región, en contribución a su participación como sede de los diálogos de paz y a las repercusiones que ha tenido el despeje militar en todas las actividades que mueven la economía local.
Sobre las inquietudes de los representantes de la sociedad civil, el alcalde Ómar García Castillo, dijo que la población siempre ha venido participando en los eventos y reuniones que se han citado, pero que definitivamente en este proceso son tres los actores: el pueblo, el Gobierno y la guerrilla.
En cuanto a la contraprestación para el municipio por haber servido de sede a este nuevo intento de paz y por las repercusiones que el proceso ha tenido para la población, el mandatario local resaltó la aplicación de un plan de choque de reactivación de la economía regional. Este plan estaría fundamentado en el apoyo a la cosecha del maíz y a la comercialización del queso, principales productos de la zona.
A mediano y largo plazo, la propuesta es la construcción de un matadero frigorífico y el impulso a la comercialización de los derivados de la leche.
En lo relacionado al planteamiento de convertir a San Vicente del Caguán en el modelo de municipio manifestó que esta propuesta debe tener como premisas un plan de convivencia entre la comunidad y la guerrilla y un plan de desarrollo.
 

EL ESPECTADOR 22.12.98
“Kelly”, el sobreviviente 62
Bogotá

Nadie recuerda por qué le pusieron de nombre “Kelly” siendo perro. Lo cierto es que el 1º de noviembre pasado, día en que las Farc se tomaron el comando de Policía de Mitú (Vaupés), este animal refrendó el dicho popular de que “el perro es el mejor amigo del hombre”.
Ese día ­el de la toma­, este “chandis”, como le dicen varios de los 61 agentes en poder de las Farc, salió de los escombros de la sede policial y con un ladrido le advirtió a la guerrilla que era otro de los sobrevivientes de la incursión.
Los insurgentes no le pusieron cuidado al perro en el momento de evaluar lo sucedido durante el ataque. Es más, el animal tuvo la oportunidad de huir de los subversivos y quedarse en el pueblo.
Luego de la evaluación de los daños, el perro que nada tiene que envidiarle a la inteligencia de los famosos (Lassie o Rin Tin Tin), no dejó solos a sus amos que empezaban a ser embarcados por el río Vaupés en grandes bongos (canoas). El animal le ladró a los guerrilleros para que le permitieran subir, pero éstos se negaron.
Sin embargo, la insistencia de los agentes doblegó la orden de los insurgentes que entendieron la solidaridad del animal con el hombre.
Desde ese día “Kelly”, cuyo amo ­un oficial de la Policía­, murió durante el combate con la guerrilla, se convirtió en el retenido número 62 de las Farc, grupo que lo custodia y lo trata también como prisionero.
Así es “Kelly”, un perro de color pardo que le está ladrando a la libertad en las selvas del sur del país.
Es por eso que el animal ayer apareció en la foto junto con los 61 uniformados que están en poder de las Farc desde el pasado 1º de noviembre, día en que se consolidó el afecto entre policías y perro.
Pero pese a que “Kelly” quedó en las fotos de los secuestrados que la guerrilla de las Farc envió con el defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo, aún no se sabe si lo incluirán en la lista de canjeables.
En la historia del conflicto armado del país algunos jefes guerrilleros también han tenido como mascotas a perros. Se sabe que el legendario jefe guerrillero Tirofijo tiene a su lado uno. Carlos Pizarro, en la época en que el M-19 estaba en las montañas del Cauca tuvo otro.
En Castilletes (Guajira), la Policía custodiaba la frontera con Venezuela en compañía de “Chayanne”.
 

REVISTA SEMANA Diciembre 21 de 1998, Edición 868
La razón de ‘Tirofijo’
Por Antonio Caballero

MANUEL MARULANDA, ‘TIROFIJO’, fue escogido ‘hombre del año’ por esta revista. Hubo protestas. Un guerrillero, un criminal, etcétera. ¿Por qué no el presidente, que es siempre el ‘hombre del año’ en este país presidencialista? Pues yo diría que por lo menos por tres motivos. El primero es que fue ‘Tirofijo’ quien nombró este año al presidente. El segundo es que quien está ejerciendo el poder presidencial es él. Y el tercero es que tiene razón en lo que propone, y en cambio el presidente titular no. Que un guerrillero haya designado al presidente es novedoso pero no sorprendente. A Samper, la vez pasada, lo eligió un narcotraficante.
A Gaviria, la anterior, lo nombró un huérfano. Pero ni Gilberto Rodríguez ejerció la presidencia en lugar de Samper, ni el niño de Galán gobernó en vez de Gaviria. Y en cambio ‘Tirofijo’ sí lo está haciendo en sustitución de Andrés Pastrana. Tanto en los aspectos puramente formales (los discursos de Pastrana por televisión no los oye nadie, y en cambio las conversaciones de ‘Tirofijo’ por radio de onda corta concitan la atención de todo el mundo), como en los de fondo: es Marulanda, y no Pastrana, el que dicta la agenda de prioridades del gobierno, desde los peajes en las autopistas (caso Chinchiná) hasta el ‘tempo’ de las negociaciones de paz. Si ‘Tirofijo’ convoca a los tres poderes (y más aún al cuarto, el de la prensa) los tres poderes van; a Pastrana, en cambio, lo chantajean primero. ‘Tirofijo’ gobierna sin moverse de su mansión presidencial de Caquetania.  Pastrana, en cambio, viaja ignorado por todo el mundo, que era la tarea ingrata que se reservaba a los vicepresidentes.
Y lo más importante, digo, es que ‘Tirofijo’ tiene razón en lo que propone, mientras que Pastrana sólo propone cosas en las que no tiene razón.
No voy a hablar aquí de cuestiones tan importantes como la política agraria, el manejo de los recursos naturales, la reforma política, las relaciones exteriores, la inversión extranjera, el papel de las Fuerzas Armadas del Estado, o los narcocultivos. En todo eso interviene un tercero en discordia que es el gobierno de Estados Unidos, y trataré el asunto la semana que viene. Ahora me voy a limitar a comparar las propuestas de ‘Tirofijo’ y las de Pastrana, serias las unas y frívolas las otras, a propósito de la guerra y la paz.
Para Pastrana—para el gobierno, y para el ‘establecimiento’ en su conjunto; los obispos y la prensa, los gremios y las señoras de sociedad, los politiqueros y los generales—el problema es la guerra.  Si esta se acaba—es decir, si se negocia, se pacta y se firma la paz; o si, militarmente, se aplasta a la guerrilla--, el problema se acaba. Para ‘Tirofijo’ no es así. El considera, con razón, que la guerra no es el problema, sino simplemente la manifestación del problema. Su consecuencia y su síntoma, del mismo modo que la fiebre es sólo la consecuencia y el síntoma de la infección que devora un organismo. Por eso ‘Tirofijo’ propone tratamientos (acortados o no: esa es otra cuestión) para la infección que tiene enferma a Colombia, en tanto que Pastrana se limita a ofrecer alivios para la fiebre: diálogos, cese el fuego, respeto a los derechos humanos, poder local para los guerrilleros ‘buenos’, ayudas económicas para las ‘zonas de conflicto’. Al tiempo que, con su política general—económica, de seudo-reforma institucional, de intervención norteamericana en el conflicto—agrava la infección.
Ahora: es evidente que ‘Tirofijo’ también, por su parte, agrava la infección. No por sus objetivos, que son sensatos y plausibles, sino por sus métodos, que corrompen esos objetivos. El tráfico de drogas se queda para la semana que viene, pues forma parte del aspecto norteamericano del tema. Pero está en primer lugar el horror del secuestro. Ese doble horror de infamia que hemos visto en estos días practicar a las Farc de ‘Tirofijo’ con la niña de 15 años secuestrada por su gente cuando iba a pagar el rescate de su padre.
Tales métodos no sólo han corrompido moralmente a las Farc, volviendo aterradora la posibilidad de que lleguen a alcanzar sus objetivos, sino que además han generado una reacción igualmente espantosa: el paramilitarismo. Pues no hay que olvidar que, así como los abusos del  ‘establecimiento’ dieron origen a la respuesta defensiva de la guerrilla, así también los abusos de la guerrilla han
dado origen a las ‘autodefensas’ paramilitares. No hay que olvidar, para poner un ejemplo, que la organización de los hermanos Castaño nació para vengarse
de las Farc, que después de cobrarles rescate por su padre secuestrado se lo devolvieron muerto.
 

EL COLOMBIANO 16 de Diciembre de 1998
Militares no pueden apelar a la barbarie: Pastrana
REUTERS-Santafé de Bogotá.

Al tiempo que la Procuraduría abrió una investigación contra los militares que participaron en los operativos de Tame, donde murieron 27 civiles, el presidente Andrés Pastrana, en una critica implícita, les pidió a los uniformados no responder a la barbarie con más barbarie.
“La autoridad legitima del Estado, en cuanto es legítima, y precisamente por serlo, no puede responder a la barbarie con barbarie”, dijo Pastrana en una ceremonia en la que ascendió a generales a un grupo de oficiales de las Fuerzas Militares.
“Si los enemigos del Estado y de la sociedad torturan, secuestran, masacran, usan armas y procedimientos vedados por la civilización, los hombres a quienes la sociedad y el Estado han encomendado la función de defenderlos no pueden responder con los mismos métodos, porque estarían borrando las fronteras entre el bien y el mal”, agregó.
 

EL COLOMBIANO 16 de Diciembre de 1998
Almudena Mazarraza
Se agravó la situación de DH
Por DIANA LOSADA CASTAÑO Santafé de Bogotá

La representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Almudena Mazarraza expresó que partía satisfecha del país, pero que durante los 20 meses que permaneció en Colombia la situación se agravó.
Así mismo, expresó su optimismo frente al proceso de diálogo que se iniciará el próximo año y afirmó que la única forma mediante la cual disminuirán las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, DIH, será la negociación del conflicto.
Según Mazarraza su discurso surtió efecto, pues desde el momento en que asumió el cargo en el país se dedicó a expresar la necesidad de diálogo.
Para la representante de Naciones Unidas, los acercamientos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; lo mismo que entre los paramilitares y el Ejército Nacional de Liberación, ELN, demuestran que se hizo caso a la petición internacional de buscar una salida negociada al conflicto.
No obstante, Mazarraza dijo también que toda la sociedad deberá comenzar a discutir sobre los problemas profundos del país a nivel político, económico y social, porque sólo de esta manera se logrará el respeto a los derechos humanos, la solución del conflicto y la construcción de la democracia.
Sobre el Estado colombiano manifestó que se encuentra muy comprometido con la paz, pero que hace falta más que compromiso capacidad y Colombia, según Mazarraza, no cuenta con ‘’la capacidad” para resolver la guerra.

Feudos
Calificó a Colombia como un país violento, al que no se le resuelven los problemas sólo con la presencia de una Oficina. Por eso, opinó que hace falta dinero para ampliar la delegación internacional experta en la defensa de los derechos humanos y coordinar los programas con otras agencias de Naciones Unidas. De igual forma, anunció que la Oficina permanerá un año más en Colombia y su director adjunto será el italiano Amerigo Incalcaterrea.
Incalcaterrea manifestó que su labor con la prensa estará limitada a los comunicados mientras se nombra un director oficial que reemplace a Mazarraza. A su vez, Mazarraza añadió que en su opinión personal un relator carece de importancia para el país ya que no estaría de forma permanente en Colombia.
La delegada afirmó que el problema de Colombia es bastante complejo porque el país tiene una estructura feudal, ya que en diferentes regiones no existe el control del Estado sino de grupos armados al margen de la ley, lo cual hace necesario una conversación para resolver la guerra.
Sobre los grupos paramilitares dijo que no se encotraba comprobado que obedecieran a una política del Estado pero que existía “connivencia de algunos miembros de las Fuerzas Militares con estos”.
Por último, anunció que luego de la evaluación de los hechos ocurridos en Tame, Arauca, donde la población civil acusa al Ejército de un bombardeo que provocó la muerte de 27 personas, su Oficina expedirá un comunicado.
 

EL COLOMBIANO 15 de Diciembre de 1998
Tras combates entre el Ejército y las Farc
Versiones encontradas por bombardeos en Arauca

Mientras organismos de derechos humanos y funcionarios civiles hablan de bombardeos indiscriminados en Arauca por parte de las Fuerzas Militares, éstas responden que “le dispararon a guerrilleros que se escondían en una mata de monte”
Por COLPRENSA y EFE Arauca y Santafé de Bogotá
El Comité Regional de Derechos Humanos de Arauca dijo que podrían ser 28 los muertos que dejaron los combates entre Ejército y guerrilla en ese departamento. Fuentes oficiales confirmaron 16.
Integrantes de dicho organismo revelaron a los periodistas que en las morgues de Tame y del corregimiento de Santo Domingo aún permanecen sin reclamar varios cadáveres, especialmente de niños.
La directora científica del hospital de Saravena, Patricia Gómez, indicó, por su parte, que a ese centro asistencial ingresaron seis heridos graves, entre ellos un niño que perdió un riñón y presenta heridas producidas por esquirlas de granada.
Los otros heridos son dos hombres, dos mujeres y un anciano, que fueron traídos del corregimiento de Santo Domingo, donde se registraron los mayores enfrentamientos armados desde el sábado pasado.
Entre los muertos se encuentran cinco niños, confirmó la doctora Gómez, quien dijo que presentan heridas producidas con artefactos explosivos.  Varios de los pequeños heridos, por su parte, esperaban ser evacuados ayer a hospitales de Cúcuta.
El Comité de Derechos Humanos de Arauca denunció finalmente que varios de los civiles muertos y heridos estaban al borde de una carretera pidiendo a los aviones que pararan los bombardeos.
En los bombardeos del fin de semana, ejecutados por aviones de la Fuerza Aérea de Colombia, resultaron varios campesinos heridos, quienes habitaban en los corregimientos de San Antonio y Caño Verde, así como Flor Amarillo, denunció la personera de Tame, Rosa Estela Barbosa.
En Santo Domingo, según la funcionaria local, se registraron bombardeos indiscriminados cuando los habitantes departían en un bazar y entre los festejantes se encontraban varios niños que resultaron heridos de alguna gravedad.

Los hechos
Los combates ocurrieron en la vereda Caño Verde entre tropas de contraguerrilla de Ejército con asiento en Tame y miembros del Frente Diez de las Farc que prestaban vigilancia a una avioneta que, al parecer, traía material logístico para la guerrilla.
Un helicóptero Black Hawk militar detectó el vuelo irregular de dicha aeronave e inmediatamente la persiguió hasta Caño Verde, donde aterrizó, descendieron sus ocupantes y se estableció que era de matrícula HK2659.
El general Luis Eduardo Barbosa, comandante de la XVIII Brigada del Ejército, confirmó que tras estos hechos la aeronave, perteneciente a la empresa Saviare, fue confiscada y arrestado su piloto, el capitán Carlos Arturo Rodríguez.

La versión militar
Entre tanto, la Fuerza Aérea Colombiana negó ayer que haya bombardeado dos caseríos en los que murieron oficialmente 14 personas, y alegó que sólo se dispararon siete cohetes “contra matas de monte” desde la que los guerrilleros disparaban a las tropas.
El comandante de la FAC, general Héctor Fabio Velasco, rechazó las versiones de los habitantes de Santo Domingo y Caño Verde, en el municipio de Tame, donde según ellos, se lanzaron “bombardeos indiscriminados”.
El Ejército colombiano afirmó que los guerrilleros tomaron como “escudos humanos” a los civiles y se refugiaron en sus casas.
Según el general Velasco, las tropas que desembarcaban para atacar a los guerrilleros en un área rural y los helicópteros que las transportaban fueron tiroteados “desde matas de monte”.
“Nuestros helicópteros fueron impactados y respondieron con fuego de ametralladoras y seis cohetes que lanzaron”, explicó Velasco.
El comandante del Ejército, general Jorge Mora Rangel, dijo que los enfrentamientos, que ayer continuaban, se han librado fuera del pueblo.
“Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han sacado a la población del caserío y la han obligado a meterse en el área rural donde se desarrollan los combates”, afirmó el general.
Según Mora los combates han dejado hasta el momento tres militares muertos y otros 13 heridos.
Mora informó del envío a Tame de una comisión de altos mandos de las Fuerzas Militares para conocer e investigar los hechos denunciados por la población civil.
 

EL COLOMBIANO 14 de Diciembre de 1998
Denuncian muerte de 21 civiles por bombardeos

Colprensa-Santafé de Bogotá. Por lo menos 21 civiles, la mayoría de ellos niños, habrían muerto durante un bombardeo aéreo realizado por hombres de la Brigada Dieciocho del Ejército en la zona rural de municipio de Tame, Arauca, contra guerrilleros de las Farc.
La denuncia fue hecha por la personera de Tame, Cristina Barbosa, quien aseguró que al llegar al corregimiento de Santo Domingo encontraron 16 civiles muertos y varios heridos como resultado de un “bombardeo indiscriminado” por parte de los helicópteros del Ejército. La funcionaria explicó que según lo dicho por los pobladores de la zona rural de Santo Domingo, donde ocurrían los enfrentamientos, al escuchar los disparos hacia las 6:30 de la mañana de ayer salieron temerosos hacia el centro del corregimiento y allí fueron alcanzados por las balas disparadas por los militares, desde varios helicópteros.
Las identidades de algunas de las personas muertas reveladas por la personera son: Irma Leal Pacheco, de 27 años; Salomón Nieto, de 58; Luis Carlos Nieto Méndez, de cinco; Mónica Catherine Pardo, de 7; Margarita Tirado, de 5; Jorge Valero, de 10; Luis Fernando Martínez, de 25; Luis parada, de 19; Giovanni Puentes, de 17; Ramón Arciniegas, de 24; Teresa de Galvis, de 40; y NN Amortegui, de 28 años.

Versión militar
Una fuente militar manifestó que al hospital de Tame habían llegado veinte heridos, en su mayoría niños que no superan los 15 años.
El vocero también reportó como militares muertos a los suboficiales Rodrigo Garrido y Wilfrido Rafael; y a los soldados Néstor Castañeda, Melquisedec Silva, Javier Albino Saldaña y Leonardo Alfonso Calderón.
Por su parte, el comandante de la Brigada Dieciocho, general Luis Hernando Barbosa, explicó a Colprensa que los enfrentamientos se iniciaron a las 4:00 de la tarde del sábado anterior, cuando se intentó recuperar un cargamento presuntamente de armas que era transportado para la guerrilla en una avioneta; además de mil kilos de cocaína que serían sacados de la zona.
Barbosa explicó que los hombres del Ejército desembarcaron en el sitio Caño Verde, de la vía Tame-Panamá, de Arauca, en cercanías al lugar donde había aterrizado la avioneta. Al momento de descender, el avión fue impactado y se iniciaron los enfrentamientos.
La aeronave fue decomisada y entregada a la Fiscalía; sin embargo, el cargamento y la droga no fueron recuperadas. Al sitio llegó un refuerzo del Batallón de Contraguerrillas número 30, que también tuvo un enfrentamiento con las Farc, en el un suboficial murió y tres soldados resultaron heridos.
Los combates, explicó el comandante de la Brigada XVIII, continuaron ayer domingo. Explicó que el incidente de la mañana de ayer se produjo porque los guerrilleros dispararon a las tropas y a los helicópteros desde las casas de los habitantes de Santo Domingo y los sacaron para usarlos como escudos humanos, lo que, dijo, será denunciado ante los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
Manifestó, además, que no conoce un reporte oficial sobre civiles muertos o heridos y que sólo se tendrá una información concreta cuando terminen los combates.
Paramilitar capturado
De otro lado, en la zona de Medialuna, municipio de San Diego (Cesar), un enfrentamiento entre un grupo de paramilitares y hombres del Batallón de Contraguerrilla Número 40, dejó como saldo dos paramilitares capturados y uno más muerto.
También fueron decomisados dos fusiles AK-47, una carabina, una escopeta, 13 granadas de fragmentación, dos de fusil, cuatro de mano y 10 equipos de campaña.
En el departamento de Magdalena, el Frente 19 de las Farc instaló varios retenes en la carretera Central de Oriente, que conduce de Fundación a Ciénaga. Allí quemaron diez tractomulas, tres buses de transporte urbano y secuestraron al ciudadano Matheus Matus, que viajaba desde la capital de la República.
 

EL COLOMBIANO 13 de Diciembre de 1998
Cultivos ilícitos: ¿son como los pintan?

Actualmente se sabe de grandes extensiones de cultivos decoca en el Guaviare,  Vichada y Putumayo, sin embargo no hay informaciones concretas sobre el volumen de explotaciones ni sobre su distribución.
Por falta de estudios concretos sobre la extensión de los cultivos ilícitos en nuestro país, los colombianos hemos tenido una visión miope -basada en cifras inexactas y afirmaciones altisonantes- de la magnitud de esta problemática
Por ALFREDO MOLANO BRAVO Especial para Agencia Enlace
El último censo agropecuario se hizo en el país por allá en los años setenta y, desde entonces, nada sabemos a ciencia cierta sobre la tenencia de la tierra ni sobre la estructura de la producción agropecuaria vigente en el país.
Si esto es así en relación con los cultivos lícitos más fuertes son los interrogantes cuando se habla de agricultura ilícita, razón por la cual carece de todo fundamento empírico sistemático la afirmación hecha en días pasados por las autoridades antinarcóticos colombianas según las cuales la mayoría de las fincas productoras de coca y amapola son grandes empresas, unos verdaderos latifundios.
Las cifras concretas nunca las muestran, y si lo hacen, ocultan su metodología. El motivo es simple: levantar un censo en regiones sometidas a la guerra o, por lo menos, en las cuales toda actividad económica es ilegal parece más o menos imposible, y de levantarse, pese a los peligros, ¿qué confiabilidad tendría la información?.
La tesis de las autoridades referidas parece gratuita, pero no inocente. Se trata, sin duda, de una de esas declaraciones altisonantes que buscan escandalizar a la opinión pública y, sobre todo, a los funcionarios norteamericanos -política o económicamente, interesados en la fumigación-, diciendo que la mayoría de los cultivos son enormes.
La manipulable opinión pública es inducida a saber dos conclusiones: la primera, que la fumigación aérea se justifica porque con ella se está atacando no a campesinos necesitados sino a negociantes ambiciosos, y, la segunda, que cuando la guerrilla ataca a los aviones e impide los operativos antinarcóticos está poniendo en evidencia su alianza con el narcotráfico.

Cifras inexactas
Sobre la base de la información primaria existente no es dable cuantificar el fenómeno, ni siquiera apelando a la fotografía aérea o a la imagen de satélite, porque ellas hablarían, en el mejor de los casos, de superficies cultivadas, pero nada pueden decir de sus formas de tenencia.
Se sabe que en Miraflores (Guaviare) la extensión promedia de los cultivos es mayor que en Calamar, o que en Guérima (Vichada) los cultivos podrían ser más grandes que en la Hormiga (Putumayo). Pero no se sabe nada en concreto sobre el tamaño de las explotaciones ni sobre su distribución.
Es posible que existan estudios muestrales que arrojen pistas pero, de haberlos, son necesariamente incompletos. Pocos cultivadores dan la cara para una encuesta total, pura especulación.
En las zonas de cultivo de coca hay tres modalidades básicas de producción.  En primer lugar, la clásica, la campesina, que supone pequeñas chagras no superiores a las dos hectáreas y en las que predominan la mano de obra familiar y el trabajo directo del propietario del cultivo.
En segundo lugar, la empresarial, que exige un gran capital para sembrar, contratar la mano de obra asalariada y unas extensiones relativamente grandes para alcanzar economías de escala y volúmenes que justifiquen el montaje de laboratorios para la producción de cocaína en sus cercanías.  Parece que esta forma está en decadencia por su excesiva vulnerabilidad y por la dificultad para racionalizar su manejo.

Los “planteros”
La otra modalidad es la que llamamos -haciendo honor a los neoeconomistas-narcocultivo por contrato. El empresario, el gran empresario, es, en realidad, un capitalista que le adelanta al trabajador -o al colono- una suma de dinero para comprar la semilla de coca, los abonos, los insumos, gasolina, cemento, permangamanato, y, por supuesto para pagar a los raspachines.
El personaje es muy conocido en las zonas de producción y se llama “plantero”. Sobra decir que, al final de la cosecha, cuando sale la “merca”, el trabajador le paga al empresario la coca. Es una forma de asociación entre el capital y el trabajo que redunda en beneficio de ambos -como dirían los apologistas de la libre competencia-. Más aún, al cabo de unas pocas cosechas, el colono, habiendo acumulado un pequeño capital, se vuelve un flamante y reconocido empresario independiente.
Quizás, la única diferencia con la agricultura legal por contrato es que, en el caso de los cultivos ilícitos, los negocios son de palabra y no garantizan estabilidad en el precio de compra. Ni falta que hace, dada la gran solidez de esos precios en el mercado nacional debido, entre otras cosas, a las funciones que cumple la fumigación y gracias, claro está, a la sagrada ley de la oferta y la demanda.
De manera que las autoridades antinarcóticos deberán idearse otro argumento para disparar sus torpedos contra el despeje ordenado por el gobierno nacional, que el país -la mayoría, para ser exactos- ve con esperanza. Los funcionarios antinarcóticos deberían ser menos lambones y más patriotas si quieren que algún día acabemos con los cultivos ilícitos.
 

EL COLOMBIANO 13 de Diciembre de 1998
Defensores de DH: esenciales y amenazados

“Es real el exilio de decenas de defensores de DH. Hay una amenaza seria. En el actual contexto de guerra, en los dos años próximos, la situación será muy difícil. Pero somos esenciales para que la impunidad y el degeneramiento de la guerra no crezcan”
Por CARLOS ALBERTO GIRALDO M. - Medellín
En el marco del año que termina y del Cincuentenario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, ningún hecho más cierto y lamentable que los ataques perpetrados contra sus defensores en Colombia y la falta de acción del Estado para garantizarles vida y libertad de acción.
Están frescos en la memoria los asesinatos de los abogados Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, los de Jorge Ortega y otros sindicalistas. El allanamiento de la sede de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz y el exilio de su director, sacerdote Javier Giraldo, sumado al del ex director del Cinep, Gabriel Izquierdo.
“Si se repasan los crímenes ocurridos, es innegable que la situación es compleja. Hay una sospecha frente a las acciones de defensa de Derechos Humanos. El conflicto se recrudeció y eso implicó que a los defensores de DH se les pusiera en el centro de la confrontación. Son vistos, en muchos casos, en apoyo de uno de los bandos”, dice el sacerdote Mauricio García Durán, del Cinep.
Jorge Molano, abogado de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, observa con preocupación que el cambio de gobierno no significó, hasta ahora, cambios en la situación de DH.
“Por el contrario, se percibe que no hay una política frente al tema, el paramilitarismo y la protección y prevención de ataques contra los defensores de derechos ciudadanos”.

Vidas paralelas
Según Molano, el Gobierno maneja agendas paralelas: de un lado, existen directivas presidenciales que hablan del reconocimiento de la legitimidad, de la validez, de la legalidad de quienes ejercen la defensa de los Derechos Humanos.
Pero lo mencionado contrasta con que algunos miembros de la Fuerza Pública siguen siendo instruidos bajo la doctrina de que existe un enemigo interno, a partir de manuales en los cuales se considera a los miembros de organizaciones sociales y de DH como parte de un supuesto “brazo político de la subversión”.
La dinámica de violencia, la persecución y hostigamiento contra los defensores de Derechos Humanos se incrementaron en 1998, coinciden en señalar ambos entrevistados.
El coordinador del Area de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Cinep, Mauricio García Durán, apunta que “los últimos años reflejan una guerra más intensa en asesinatos políticos, amenazas y masacres. Son más los muertos que se ponen fuera de combate que los propios de la confrontación. “Y, en ese contexto, la situación nuestra es difícil y podrá serlo más”.
El sacerdote no cree que haya una política de “terrorismo de Estado”; es decir, una estrategia que involucre desde el presidente de la República hasta el inspector de policía en acciones contra los defensores de DH. “Pero sí hay sectores oficiales que ven con malos ojos a los activistas de garantías fundamentales. Esa visión sí existe”.

Tareas del Estado
“El jueves pasado el presidente Pastrana planteó su interés de avanzar en una política de DH. Pero le falta más definición, sin desconocer avances como los de la Unidad de DH de la Fiscalía General en la investigación de algunos crímenes”.
Sin duda, anota García Durán, el punto crucial en materia de DH es la impunidad. Ver si esas acciones contra los DH se resuelven o no.
“En tal sentido, es esencial que el Estado permita el fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  Es una veeduría internacional indispensable”.
“También debe avanzar en la vigencia de los DH y acabar con la impunidad.  Por eso debe reformar el Código Penal Militar. Así mismo, el presidente tendrá que enfatizar en la promoción y aplicación del Derecho Internacional Humanitario, DIH”.
El investigador del Cinep piensa que el Gobierno debe clarificar su política contra el paramilitarismo y, en tal sentido, cuidar al máximo que no haya complicidad entre sus Fuerzas Armadas y los grupos ilegales de extrema derecha.
A los grupos y defensores de DH les queda como tarea, según Mauricio García Durán, actuar con una visión de los Derechos Humanos que no polarice, que no tome partido y denuncie las violaciones vengan de donde vinieren. “Nuestra legitimidad será denunciar a cualquiera de los agentes agresores”.
Los activistas de Derechos Humanos, dice el abogado Jorge Molano, enfrentan una situación de riesgo y ausencia de garantías permanentes. “La vida está condicionada. Se puede ser objeto de agresiones que van desde detenciones ilegales y arbitrarias y el exilio, hasta atentados contra la vida”.
En medio de la difícil situación los defensores de Derechos Humanos avanzan en la consolidación de espacios regionales y nacionales. “Hay encuentros de evaluación sobre el momento que atravesamos nosotros y el país, con miras a adoptar mecanismos de protección que refuercen los provistos por el Estado, a todas luces ineficaces e ineficientes”.
Entre tanto, a nivel internacional hay una corriente de respaldo a los organismos de DH, mediante la cual también se exigen garantías a las autoridades colombianas. “Se nos expresan formas de solidaridad y se crean redes de apoyo claves para nuestra sobrevivencia”.
Las palabras de Molano se ratifican en el último informe de Human Rights Watch, desde Nueva York: “los defensores de Derechos Humanos son uno de los grupos más expuestos a riesgos en Colombia. Apelamos al Gobierno colombiano para que adopte medidas inmediatas para proteger sus vidas y realice investigaciones exhaustivas y creíbles de las relaciones entre la Vigésima Brigada de Inteligencia y los asesinatos de Eduardo Umaña y Jesús María Valle”.
“Además, el Gobierno debe permitir la revisión externa e independiente de los expedientes de inteligencia mantenidos por las fuerzas de seguridad, con el fin de garantizar la eliminación de los informes que criminalizan el trabajo legítimo de defensa y promoción de los Derechos Humanos”.
 

EL COLOMBIANO 11 de Diciembre de 1998
Absueltos los Castaño por atentado de avión de Avianca

El Tribunal Nacional absolvió ayer a los máximos jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Carlos y Fidel Castaño Gil, por el atentado contra un jet de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, en el cual perecieron 107 personas.
Los Castaño Gil habían sido implicados en el episodio por un testigo secreto conocido sólo como Cero Cero, quien afirmó que ellos habían sido los autores de la acción terrorista, hecho que fue desvirtuado por un juez regional de Bogotá, que los absolvió en primera instancia porque, según él, ese testimonio no se podía asumir como prueba, pues no era producto de conocimiento directo de los hechos sino una versión de terceros.
El Tribunal, además de considerar acertada la decisión del juez, la confirmó y recalcó que no se puede emitir una sentencia condenatoria basándose únicamente en testimonio recibido con reserva de identidad, pues ésta carece de suficiente mérito probatorio.
Agregó que constituía una estrategia de Pablo Escobar Gaviria endilgarle los actos del cartel de Medellín a sus enemigos, como ocurrió con los Castaño Gil, según lo demuestran varios testimonios.
 

EL TIEMPO 10 de diciembre de 1998
La huella de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
¿Relatoría especial para Colombia?

Colombia, que un día fue pionera en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, se expone hoy a que las Naciones Unidas le impongan una veeduría especial. El futuro del país en este campo irá de la mano con la suerte del proceso de paz.
Por JUAN JOSÉ RAMÍREZ
Redactor Político de EL TIEMPO
Hace más de 180 años, en los albores de la independencia, Colombia fue la pionera de los derechos humanos en la América hispana.
La primera versión en español de la declaración de
los derechos del hombre se conoció primero en Bogotá, gracias a la traducción que hizo Antonio Nariño del original francés. Y por eso debió purgar varios años de cárcel y destierro.
El panorama de los derechos humanos en Colombia, casi dos siglos después, no puede ser más desolador.
Hoy, cuando se conmemoran en todo el mundo los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Colombia va en contravía de la tendencia mundial de protección de la vida, la libertad, la dignidad y la justicia de hombres, mujeres y niños.
Mientras el mundo celebra con actos en las principales ciudades el triunfo del respeto y la convivencia sobre la barbarie, Colombia se debate en medio de uno de los conflictos más complejos que deja varios miles de muertes entre la población civil.
Colombia está en los primeros lugares de las tasas de homicidios comunes y por causas políticas en el mundo.
A manera de comparación, en Irlanda del Norte se produjeron 3.000 muertes por causa del conflicto armado durante 30 años.
Esa misma cifra de muertes violentas se produce en Colombia, cada año por razones políticas y de la guerra. Con un agravante: la barbarie extrema que utilizan los actores armados, que violan las más elementales reglas de la guerra aceptadas internacionalmente.
Masacres, torturas, incineración de cadáveres, guerra sin cuartel y abatimiento de heridos son algunas de esas prácticas proscritas que son pan de cada día.
Pero las cuentas de muertes fatales se multiplican por 9 cuando se revisan las estadísticas de los “hechos aislados” de la violencia cotidiana.
El país también encabeza las cifras de dos prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de los actores armados: el secuestro y el desplazamiento forzado.
Anualmente se registran más de mil secuestros, cuya autoría comparten la guerrilla y la delincuencia común.
En cuanto al desplazamiento interno, Colombia ostenta el récord en América, con 1.2 millones de personas desarraigadas. En su mayoría, campesinos sin tierra que engrosan los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
La desaparición forzada en Colombia es otra realidad que desborda las historias de las dictaduras de los países del cono sur, con cerca de 3.000 casos en los últimos 10 años, casi la misma cantidad de las víctimas reportadas en Chile durante la era Pinochet.
La lista de violadores de los derechos fundamentales, según Human Rights Watch, la encabezan los paramilitares. Le siguen los grupos guerrilleros, el Ejército, la Policía y las Convivir.
Colombia tampoco se escapa de la violencia contra los menores de edad, las mujeres, los sindicalistas, las minorías étnicas y religiosas.
En ese contexto de violencia, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó en 1995 la instalación de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.
Luego de la firma de un convenio entre la ONU y el Gobierno, fue enviada a monitorear la realidad nacional la diplomática española Almudena Mazarrasa, quien finaliza su gestión el próximo 19 de diciembre.
Los pobres resultados en la efectiva intervención para prevenir o lograr la penalización de los múltiples casos de violaciones en Colombia abrieron el debate sobre la conveniencia de que la ONU reemplace a la delegada de la oficina del Alto Comisionado, por un relator especial con potestad de recomendar e imponer sanciones.
La decisión del envío de un relator especial que pueda imponer sanciones internacionales solo puede ser tomada por la Asamblea de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, o el Secretario General de ese organismo.

En la mira
Las razones para que los ojos del mundo estén puestos en Colombia son elocuentes. Frecuentemente a Colombia la visitan organizaciones internacionales de todo tipo para tratar de aportar algo en la solución de la problemática.
Precisamente, la celebración del 50 aniversario de la declaración de los derechos humanos coincide con una visita de una delegación del Parlamento Europeo.
Ayer los eurodiputados le expresaron al Presidente su respaldo al plan de paz que viene adelantando su gobierno.
“Desde la Unión Europea vemos con mucho entusiasmo todo el esfuerzo que se está realizando y entendemos que no será fácil, porque la situación de violencia es muy compleja”, dijo Ana Miranda de Lage, quien preside esta comisión.
Miranda de Lage confirmó que una delegación del Parlamento Europeo se reunió recientemente con representantes de las Farc y del Eln, reunión sobre la cual informaron al presidente Pastrana.
Sin embargo la diputada se negó a entregar cualquier detalle sobre los diálogos sostenidos con los voceros de estos grupos guerrilleros.
“Nosotros hemos tenido algunas reuniones con las Farc y con representantes del Eln, pero yo creo en la discreción como un elemento básico para llegar a acuerdos”, explicó.
 

EL ESPECTADOR 4.12.1998
 “Los violentos no distinguen civiles de combatientes”
EFE
Washington

El Ejército colombiano cometió este año graves violaciones de los derechos humanos y, en ocasiones, apoyó las matanzas perpetradas por paramilitares, en un país donde las guerrillas cometieron, al menos, 600 secuestros y más de un millón de personas han sido desplazadas de sus hogares por la violencia.

En Colombia, en los seis primeros meses de 1998, la violencia política segó la vida de 619 personas, el 73% atribuidas a los paramilitares, el 17% a las guerrillas y el 10% a agentes del Estado, según informe de Human Rights Watch sobre los derechos humanos presentado ayer en Washington.

Estas altas tasas de muertes políticas no incluyen las que habitualmente ocurren en desarrollo de diversos combates, según información aportada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.
Las actuaciones al margen de la ley por parte de grupos paramilitares y de unidades militares tienen su origen, según Human Rights Watch, en la “escasa voluntad” del Ejército para investigar los crímenes, su “falla para cumplir con las normas de derechos humanos” y su incapacidad para distinguir entre “civiles y combatientes”.

En la zona oriental de Colombia, donde las actividades de los paramilitares son “débiles”, unidades militares estuvieron directamente “implicadas” en la matanza de civiles y de prisioneros fuera de combate, y en la práctica de torturas y amenazas.

En el resto del país, donde la presencia de los paramilitares se remonta a más de una década, los militares en algunos casos proporcionaron información y apoyo logístico para llevar a cabo sus operaciones, y en algún caso “promovieron actuaciones conjuntas”, aseguró ayer la organización Human Rights Watch.

Voluntad política
El informe reconoce voluntad política al gobierno del presidente colombiano, Andrés Pastrana, para empezar a deslindar los casos civiles de los militares, pero debe proceder a “reformar el código penal militar”, cuya aprobación está atascada en el Senado, para acabar con la impunidad garantizada a los oficiales por los tribunales militares”.

La Policía, según Human Rights Watch, también aparece implicada en casos de abusos, especialmente en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes sospechosos de ser simpatizantes de los distintos grupos guerrilleros.
Los numerosos grupos paramilitares que actúan en el país aparecen en el informe relacionados con la mayoría de las matanzas, de más de cuatro personas y en un mismo lugar, en los ocho primeros meses del año 1998.
En el otro frente, el de las guerrillas, el panorama tampoco es alentador, pues de los 1.088 secuestros cometidos en los siete primeros meses del año en curso, más de la mitad fueron obra de los diferentes grupos alzados en armas.  En particular, Human Rights Watch reveló que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia usan los cadáveres de los militares ejecutados como “trampas” mortales, pues les adecuan explosivos en su interior.

El Ejército Nacional de Liberación, segundo grupo rebelde, también viola de modo notorio y sistemático los derechos humanos en sus campañas y ataques, incluyendo el asesinato de familiares de los desertores y el minado de vastas zonas, igual que hacen todos las demás partes en el conflicto, en áreas pobladas de Antioquia, Arauca y Santander.

Como si fuera poco, la violencia ha desplazado a más de un millón de colombianos de sus hogares, en muchas ocasiones presionados por paramilitares, que inducen a los campesinos a abandonar las tierra ricas para condenarlos a la miseria en terrenos pobres. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para ayudar a los desplazados no cuentan con “fondos suficientes, la coordinación entre los organismos oficiales es ineficaz y la información es escasa”.

Ante este escenario, la ONU, la Unión Europea y E.U. presionan para que el actual Gobierno defienda los derechos humanos, reforme el código penal militar y fomente el respeto por las leyes humanitarias internacionales en un país roto por la violencia, las desigualdades y el tráfico de drogas.

No existe plan coherente en D.H.
Washington
Pese a la gravedad de la situación colombiana en materia de violencia, y las iniciativas de paz puestas en marcha por la administración Pastrana Arango, no existe un plan coherente o una estrategia realista en materia de prevención y protección de los derechos fundamentales.
Así lo señaló el director de Human Rigth Watch, José Miguel Vivanco, quien agregó que da la impresión de que el tema de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se están quedando por fuera de la mesa de negociación, o por lo menos, no constituye una prioridad de la misma.

Existen esfuerzos privados valiosos, y no cabe duda que la administración Pastrana tiene interés en la materia y así lo ha expresado, pero las buenas intenciones no bastan, añadió Vivanco, quien llamó la atención al Congreso para que apoye leyes como la que combate la desaparición forzada.

Otro asunto de enorme preocupación para Human Rigths Watch lo constituye lo precario del sistema carcelario colombiano. Al respecto, sostuvo que las prisiones colombianas albergan a 43.000 reclusos a pesar de que su capacidad es de 32.000 y, de ellos, el 49% son preventivos, que viven en sombrías condiciones de hacinamiento.

EL ESPECTADOR 4.12.1998
“Estoy cansada de la falta de apoyo”
Bogotá

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Almudena Mazarrasa, dejó de lado su lenguaje diplomático y ayer manifestó en distintos tonos que está “cansada de la falta de apoyo del Estado” en la facilitación y respaldo de su gestión en favor del mejoramiento de la situación de D.H. en el país.

“El Gobierno colombiano se comprometió a ampliar la oficina a doce delegados, pero se pasó el tiempo y todavía sigo trabajando con las mismas cinco personas. Eso es injusto, no tengo siquiera quien me ayude a preparar un documento”, le dijo la señora Mazarrasa a desplazados  del sur de Bolívar, marinos desempleados, representantes de las negritudes y defensores de derechos humanos, quienes se acercaron a comentarle el difícil panorama de derechos humanos en el país.

“Yo quisiera hacer muchas cosas, pero me es imposible y para decirle la verdad yo no vine a Colombia a arreglarle los problemas a la gente”, le expresó la delegada de la ONU a un marino, quien le planteó la problemática que viven cerca de 5.600 hombres de mar que algún día estuvieron vinculados a la Flota Mercante Gran Colombiana.

Estos hechos ocurrieron ayer durante el Seminario Internacional de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizado en la Biblioteca Nacional, donde la funcionaria habló de la compleja situación de D.H. en el país y dijo que la impunidad es un mal ligado a la violencia.

“La violencia genera amenazas, chantajes y corrupción” y por eso hay que llegar a la profundidad de los problemas para que las cosas puedan cambiar en este país.

Según la señora Mazarrasa, la violación de los derechos humanos está conectada directamente a la violencia no sólo la política sino de todo tipo, que tienen su raíz en las diferencias e injusticias sociales.

“Esto es un círculo vicioso que hay que romper por algún lado, porque según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la violencia hace que cada año se deje de invertir en Colombia el 5% del PIB”, indicó la funcionaria, cuyo contrato con la ONU vence el próximo 31 de diciembre y el cual no fue renovado, pero se espera que la oficina se siga manteniendo y que el año entrante venga otro delegado.

Mazarrasa viaja el 17 de diciembre a España, donde según manifestó, tomará unas vacaciones antes de entregar el informe final de su gestión a las Naciones Unidas.

Democracia en peligro
A su turno, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, Francesco Vincenti, advirtió sobre los peligros de la democracia colombiana.

Manifestó que para que la democracia sea posible es necesario que confluyan simultáneamente varias condiciones: existencia de unas reglas de juego comúnmente acatadas que permitan el ejercicio de las libertades públicas y el ejercicio del poder fundamentado en la dignidad humana; posibilidades de la población y sus diversas organizaciones para acceder a los bienes materiales y espirituales que permitan alcanzar su particular ideal de felicidad; y la conciencia íntima de cada uno en la necesidad del respeto a la dignidad, a la verdad y a las particularidades de los demás. “Si alguna flaquea, la democracia estará en peligro y es lo que está sucediendo hoy en Colombia”, expresó Vincenti.

Sostuvo que el país es un caso doloroso de violaciones a los derechos humanos. “Las masacres que suceden casi a diario, el desplazamiento forzado de más de un millón de desterrados en su propia patria, la miseria y la inequidad que golpea a vastos sectores de la población, la exclusión y la falta de oportunidades a que son sometidos los pobres, son aspectos que dan cuenta de una inaceptable e improrrogable situación”.

A juicio de Vincenti, lo paradójico de todo esto es que la descripción de estos problemas y las propuestas para resolverlos hacen parte de los programas de los partidos políticos, de la insurgencia, en los discursos de los dirigentes del país, pero la acción real es nula en un país donde existen tantas coincidencias.

EL ESPECTADOR 2 DICEMBRE 1998
Viaje al interior de las Farc
Por: ANDRÉS GRILLO D.
Enviado especial. Meta

El sol y el calor del verano ya entraron con fuerza en la zona del despeje. Un verano extraño que de cuando en cuando le da paso a un poco de lluvia que todo el mundo sabe agradecer. Para mitigar el calor nada mejor que una limonada preparada, una cerveza o una gaseosa bien fría.
Conseguir estos productos en Uribe, Mesetas o Vistahermosa no es problema, pero son costosos, debido a que ninguno de ellos es distribuido en este territorio de manera oficial. Entran en cada municipio pero en los camiones que reparten cada semana las remesas.

El esqueleto calcinado de un camión repartidor de Coca-Cola entre La Julia y La Pista explica el porqué de esta situación. Igual la Coca-Cola, uno de los emblemas del capitalismo mundial, se vende en tiendas donde el único adorno es una cartelera en la que se lee: “Comandante  Jacobo, estamos cumpliendo”. Negocios son negocios.

Así de contradictorias son las cosas en el área del despeje que hoy controlan las Farc. Allí se vive en paz, se habla del tema pero también se oye la voz pausada de Efrén, comandante del frente 27, decir sin emoción: “La guerra no ha comenzado todavía. Cuando coronemos patrullas de 2.000 ó 3.000 hombres, cuando cojamos generales y coronemos a la burguesía es que esto va a empezar a cambiar”.

Ejército del pueblo
Los guerreros ?como llaman a la guerrilla en estas zonas? se ven impecablemente arreglados e impresionantemente armados con fusiles de diferentes tipos, armas cortas, ametralladoras y granadas de mano. La imagen también cuenta en la guerra. En todo sentido.
La prueba es que los habitantes de Vistahermosa no han podido olvidar el vehículo blindado que desfiló por sus calles y con el que el frente 27 arremetió a comienzos de año contra la estación de policía.

Por nuevos miembros que alimenten sus filas las Farc tampoco se preocupan. En sus zonas de dominio está instituido que las familias con cuatro hijos o más deben entregar por lo menos uno para la guerra. Este reclutamiento forzado va a la par con el ingreso voluntario de otros jóvenes.

Muchos han crecido a la sombra de los guerreros, de sus afiches del Movimiento Bolivariano, de las imágenes del Che Guevara. Los admiran y los ven como una de las dos alternativas que tienen para el futuro. La otra es volverse raspachines, nombre que se les da a los recogedores de hoja de coca.

“El ambiente empuja a los pelados a la guerrilla. Es normal el camino, porque no hay escuelas ni hay alternativas“, dice Giani Campanello, párroco de la inspección de La Julia, en el municipio de Uribe. Ancízar García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la inspección, dice que en este momento hay 150 niños listos para entrar a secundaria pero no tienen adónde ir.

Además, la legislación internacional favorece a la guerrilla, ya que le permite admitir en sus filas muchachos de 15 años en adelante. Igual, las Farc se saltan esta norma y reciben en sus milicias adolescentes con menos años, a quienes adoctrinan hasta cuando tienen edad para entrar en combate.

“Los pelados tienen vocación pero por las armas. Ellos viven en la pobreza y no se dan cuenta de las cosas. Nosotros tratamos de que la gente se vuelva sensible, aprenda. Esto no es rico. La vida en la guerrilla es muy dura”, dice Efrén, vestido con el “uniforme de calle”: camiseta blanca y pantalón camuflado.

La educación es un punto central para los guerrilleros. Ellos no quieren en sus tropas simples gatilleros, sino gente convencida de la causa. Mucho más ahora que, como se rumora en la zona, no tienen pagas sino unos auxilios ocasionales e indemnizaciones para las familias de sus muertos.

La Nueva Colombia
En lo político las Farc tampoco se han quedado quietas. Las multas y las normas de las que hablaron los medios de comunicación al comienzo del despeje no son ninguna novedad por acá. En La Julia, donde opera el frente 40, fueron implantadas hace tres años. En Vistahermosa y sus alrededores la vida se rige por el Manual de convivencia del frente 27 desde hace dos años.

Estas normas no son legales desde el punto de vista jurídico, pero se cumplen. Algunos las acatan por miedo y porque no tienen con qué pagar las multas que acarrea su incumplimiento; la mayoría lo hace por la fuerza de la costumbre y porque ven sus resultados.

Hace unos tres meses El Mono Jojoy estuvo en la zona rural de Vistahermosa y habló de sus planes para la ‘nueva Colombia’.  Un comandante de las Farc dijo en un canal brasilero que estaban buscando capital para su territorio. Los escoltas de El Pitufo, el encargado de Piñalito y ex relacionista público del frente 27, sueñan con verlo convertido en un “general con mucho poder”.
En La Julia, por ejemplo, el padre Campanello ha visto cómo “casi desapareció la violencia. Antes tenía dos o tres muertos diarios. Los sábados era cuando más problemas había”.  Ahora el mismo día se puede caminar sin riesgo alguno. Lo mismo ocurre en las zonas de los otros municipios del despeje. Estas normas han garantizado cierto grado de convivencia en estas conflictivas áreas de colonización. Con sus medidas ambientales buscan proteger las áreas en las que se mueven y garantizarles un mañana.

Respecto a las normas en general Efrén dice que “la gente entiende que estamos trabajando por el futuro de ellos y no por un capricho de nosotros”.

Construcción de vías
En lo que sí se ve el trabajo por la gente ?que finalmente les trae ventajas para la movilización de sus tropas a ellos?es en la cuestión de las carreteras. En La Julia arreglaron la que conduce hasta La Pista y están construyendo una hasta la región de Guayabero. Rogelio, comandante del frente 40, ya les expuso a los comerciantes su proyecto de unir la población con el resto de carreteras de la región y les pidió una ‘contribución’ para las obras.

En Piñalito, una inspección de Vistahermosa, están alargando las vías hacia el interior de la zona. La maquinaria que usan fue retenida a los municipios aledaños, al departamento o a contratistas privados. La semana pasada, por ejemplo, se llevaron las únicas dos volquetas que había en Lejanías y las ingresaron a la zona del despeje por Mesetas. Los conductores de esta maquinaria son guerreros o particulares a los que les pagan su sueldo.

La guerrilla utiliza la legalidad cuando le conviene. Ahora es probable que autoricen la realización de elecciones para Concejo en Vistahermosa, porque sin éste es imposible que se distribuya el presupuesto municipal para el próximo año. Una situación que les restaría legitimidad entre la población, porque la alcaldía es el principal empleador de la región.

Las Farc quieren el poder, y no van a cesar su lucha hasta conseguirlo o hasta conseguir las condiciones necesarias para negociarlo. Esto lo asegura sin titubeos Efrén:

“Para unos somos bandoleros; para otros somos sus defensores y para otros somos el futuro. Eso nos da una voluntad inquebrantable, y no podemos defraudar a la gente”.

‘Manual de convivencia’
Aunque cada comandante de frente tiene autonomía para dictar las normas que rigen en el territorio a su cargo, en general éstas siguen lineamientos señalados por el secretariado general de las Farc.

Las normas no son nuevas en la zona del despeje y son acatadas sin rechistar por la población. El propietario de uno de los siete billares de Mesetas cree que son buenas “porque no hay peleas, la gente limpia los solares y las calles, ya no hay bestias en las vías y no hay permiso ni de chismosear”.

Quienes infringen estas reglas tienen que pagar la respectiva multa, realizar trabajo comunitario o sufrir el decomiso de alguno de sus bienes. En otras situaciones le dan hasta dos avisos a quien ha cometido la supuesta falta y al tercero lo destierran de la zona sin posibilidad de regreso porque corre el riesgo de ser asesinado.

Los efectos de algunas de estas medidas pueden constatarse.  En Uribe no hay prostitutas desde hace varios años y tampoco tienen problemas ?dice el ingeniero Alfonso Falla, jefe de saneamiento básico y ambiental del municipio? de enfermedades de transmisión sexual.

Otras medidas son de tipo ambiental. Está prohibida la pesca con fines comerciales, la marisca (caza) con perros, la tala de árboles para la venta y en montaña y el vertimiento de los restos de los químicos usados en la producción de coca en los ríos y quebradas.

“Antes se veían en la sierra de La Macarena manadas de 200, 300 cerdos silvestres. Hoy ya no se ve nada. Los colonos acabaron con la sierra. Nosotros hemos dictado medidas porque si no lo hacemos, ¿qué le vamos a dejar al futuro? Estamos haciendo todo lo posible por defender la sierra. Nos hemos quedado cortos en el control”, dice Efrén, líder del frente 27.

Un mundo aparte
Los guerrilleros de las Farc se presentan como el ejército del pueblo, pero se sienten muy por encima de él por cuenta de la instrucción que han recibido. “En este país no pasa nada porque la gente no sabe nada. Nuestro pueblo no conoce ni siquiera Siervo sin tierra. Los obreros hacen luchas por cuadrar sus bolsillos. No hay sensibilidad de clase”, dice Efrén, comandante del frente 27.

Este es un hombre de mediana estatura, sin un acento particular en su voz, que se distingue de los demás sólo por una boina negra y por las mujeres escoltas que lo rodean en todo momento. Es la cabeza máxima del frente y delega funciones en otros comandantes como Jacinto, Pitufo y El Güío. Sobre la vida que lleva junto con sus hombres, su lugar de procedencia y el tiempo que lleva en la guerrilla, Efrén no habla. Tampoco se deja tomar fotos, más por una instantánea debilidad del ego que por cualquier otra cosa.

Jacinto, un araucano alto, moreno, de bigote, que siempre anda de camuflado y con un sombrero tipo australiano (con un ala pegada a un lado) que le hace juego, es más comunicativo respecto a la vida en la guerrilla. Él está encargado de la seguridad de Vistahermosa, se muestra muy convencido de lo que están haciendo como guerrilla y del empuje que tienen: “Es claro que si uno muere, otros van a seguir”. Por eso, antes de cada combate se abrazan, se despiden y se desean suerte porque saben que algunos de ellos no van a regresar. Lo que los tranquiliza es que la lucha no acaba con su sacrificio.

Este espíritu de cuerpo es bastante notorio entre todos los combatientes. No es un discurso de pose, es una actitud constante, una disciplina espartana con la que se diferencian del resto de la población.

Los guerrilleros tienen prohibido pernoctar en los pueblos de la zona ?los mismos milicianos se quedan siempre en cambuches en los alrededores?, no pueden tener relaciones sentimentales o sexuales con personas diferentes a sus compañeros de lucha y no pueden beber sino una cerveza.
 

EL COLOMBIANO, 2 de Diciembre de 1998
Los desplazados hablan de su destierro
Las historias de miedo en el sur de Bolívar

Luego de haber dejado todo lo que tenían, desterrados por la guerra a muerte entre `paras´ y guerrilla, los desplazados del sur de Bolívar ahora sólo tienen recuerdos: los buenos, su finca, sus matas, sus animales; los malos, relatos sangrientos de los que hablan muy quedo y guardando el anonimato

Enviado especial ALEJANDRO BAENA JIMÉNEZ
Morales y Río Viejo (Bolívar)
“Yo conocí a don Ramón Quintero, un viejito de 80 años, medio cegatón y muy trabajador. Lo que supe de su muerte es que él iba para la vereda de Simoita (Morales) y en el camino se le montó un tipo en el burro que se hizo pasar por guerrillero. Le dijo que andaba buscando a un `compa´, no sé quién. Don Ramón le dijo que sí, que ese señor pasaba cada rato por ahí y ese fue el motivo para que se lo llevaran. No lo volvimos a saber de él hasta después...”, cuenta un campesino desplazado de la vereda La Libertad, jurisdicción de Morales y que llegó, como otros 1.500 labriegos de esa región, al casco urbano del municipio.

La historias de hechos atroces se han esparcido -como el arroz y el ajonjolí- por todo el sur de Bolívar, desde el pasado 6 de noviembre, cuando un numeroso grupo de paramilitares comenzó un recorrido por Moralitos -corregimiento de Morales- con el fin de llegar a Micoahumado.

Como la zona es montañosa y el camino largo se tardaron cuatro días en llegar. Para ese momento, los rumores sobre su presencia se habían regado, y cuando entraron a Micoahumado no quedaba casi nadie. Los que huyeron dicen que, allí, las autodefensas quemaron las casas y siguieron su camino.

“A mí me pasaron una nota varios días antes de que llegaran los paramilitares en la que decía que teníamos que desocupar la zona lo antes posible que porque esa tierra era de un rico”, cuenta un campesino de la vereda La Libertad. “Entonces yo vine a Morales para que el personero nos dijera qué hacer, pero cuando regresaba a la vereda, varias familias bajaban de huida y contando cosas horribles. Me dio miedo y no volví”.

Listas negras
Cuentan los campesinos que, el 13 de noviembre, a Simoita llegaron 80 hombres armados, con un libro gordo y plastificado en el que figuraban los nombres de presuntos colaboradores de la guerrilla, y se llevaron a dos personas, entre ellas a don Ramón Quintero. Sólo regresó uno, con la noticia de que habían matado al viejito. “Empezamos a buscarlo y un niño encontró sangre que brotaba del piso. Escarbamos y ahí estaba don Ramón: lo decapitaron y lo machetearon”, explica uno de ellos.

Estas escenas se repitieron en Arenales, Tiquisio, Barranco de Loba, Simití, Altos del Rosario y otras regiones del sur de Bolívar. El saldo reportado por la Mesa de Trabajo de Barrancabermeja, que recogió datos de los campesinos de cada región, es de más de 40 personas asesinadas desde que comenzó la arremetida.

“La sangre ha corrido a chorros”, cuenta otro campesino que bajó del corregimiento de Santa Elena hasta Río Viejo. “En el caserío La Cooperativa, por ejemplo, supimos de un niño de cuatro años que fue decapitado y mutilado con motosierra en presencia de sus padre, para que éste confesara dónde estaban los guerrilleros, dijera nombres, hiciera mapas y cosas de esas”, narra el labriego cabizbajo, y con tono entrecortado.

Además, por donde quiera circula el rumor del apoyo aéreo a las autodefensas. Incluso, algunos campesinos -como los de Norosí y Buena Vista-, afirman que huyeron de sus veredas por temor a los bombardeos que se escuchaban muy cerca, y a los helicópteros que veían disparando a diestra y siniestra. Esta denuncia la han formulado en todos los municipios de los combates, pero se ha quedado consignada, como muchas otras, en los libros de “los señores del interior”, dicen.
Añoranzas

Un recuerdo más grato es el que tienen de sus parcelas, de cuando veían madurar el maíz, tomaban leche fresca y comían queso biche. Muchos conservan la esperanza de regresar, aunque otros ya perdieron hasta la fe y esperan conseguir los medios para arrancar hacia otro lugar. ¿Adónde?. No lo saben.

En Río Viejo (donde la población dice que las autodefensas se pasean como Pedro por su casa), el 70% de los desplazados que llegaron inicialmente ya se fue para otros municipios y algunas ciudades como Bucaramanga, Maicao e, incluso, se sabe de algunos que llegaron hasta Venezuela.

“Por aquí (a Río Viejo) vinieron la semana pasada estos señores paramilitares y nos preguntaron que por qué habíamos huido y que si queríamos regresar. Yo le dije que ojalá fuera mañana mismo. Entonces nos dijeron que podíamos hacerlo, que esa tierra era nuestra”, comenta un anciano de Santa Elena, albergado en Río Viejo.
“Sin embargo, quién se atreve a volver si por ahí dicen que va a venir un grupo rastrillo que va a acabar con todo y a bombardear las veredas, mientras la administración municipal nos dice que no responde por nuestras vidas si retornamos”, agrega.

Y es cierto, los alcaldes de la mayoría de estos municipios también han sido desterrados por las amenazas, mientras que la fuerza pública en Río Viejo no tiene presencia, y en Morales fue reforzada, hace poco, con un pequeño contingente.

Fueron por lana...
En sus lugares de desplazamiento, muchos campesinos recuerdan con amargura cuando -hace algunos meses- muchos de sus vecinos se embarcaron hacia Barrancabermeja para ponerle fin a los hostigamientos de los grupos armados que acechaban en la zona.
Según ellos, no pedían mucho, sólo poder regresar a sus tierras, trabajarlas, sin tener que lidiar con ningún grupo armado. “Vea lo que ha pasado. Fue peor la medicina que la enfermedad. Ahora ellos se están vengando y muchos de los campesinos que participaron en la marcha están muertos. Uno de los puntos era que el gobierno se comprometiera a acabar con las autodefensas y mire ahora su poder. Fuimos por lana y salimos trasquilados”, cuenta con desgano uno de los campesinos refugiados en

Morales.
“Nos hemos quejado con los defensores de los derechos humanos, con la     Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y no hemos conseguido nada. Díganos a quién tenemos que acudir entonces”, agrega otro.

Estos labriegos todavía esperan que los funcionarios de dichas organizaciones; que recorrieron la zona, tomaron apuntes y recogieron denuncias les concreten soluciones.
Mientras tanto, el tiempo transcurre lento en los sitios de albergue, donde ven morir los días acostados en camas improvisadas, hamacas y colchonetas.

Algunos, sobre todo los niños, comienzan a enfermarse. Imaginan que habrá pasado con los puños de arroz que estaban recogidos o con el maíz que estaba madurando. “Las yucas no se pierden dice uno de ellos”, por lo menos los animales que no logramos rescatar tienen algo para comer.