• Ratificar la Propiedad de la Nación y
• Ratificar el carácter estratégico de la electricidad

Se ha demostrado de diversas formas que la Industria Eléctrica Nacionalizada genera los recursos necesarios para financiar sus necesidades REALES de desarrollo, en armonía con los planes superiores de desarrollo social y económico del país. Pero el Estado mexicano de los últimos 20 años ha renunciado precisamente a ejercer su rectoría en ésta materia para sustituirla por la implantación salvaje de los mecanismos del libre mercado y la vigencia de la propiedad privada.

Por lo mismo, el país carece de una verdadera Política Energética Independiente. Diversos planes estratégicos se han desarrollado sin el sustento debido, lo que ha ocasionado costosos errores: el plan nucleoeléctrico, según el cuál México contaría para el año 2000 con 20 mil MWe "nucleares" y que en realidad derivó en la costosísima planta de Laguna Verde (contruída a capricho de los grandes emporios energéticos de la época); el fallido plan carboeléctrico, que supuestamente aportaría "hasta el 30% de la energía eléctrica consumida "a nivel nacional", ¿a partir de un combustible del cuál carecemos y debemos importar?.

Esta forma de planificación antidemocrática y en beneficio de los grandes consorcios multinacionales se sostiene y profundiza hoy, cuando la política oficial, sin justificación alguna, APUESTA el futuro energético de la Nación, mediante el otorgamiento ilegal de concesiones particulares, que operan exclusivamente a base del gas natural, otro combustible no disponible en cantidad suficiente en México.

De esta manera se cancela la visión estratégica de largo plazo, a cambio de "resolver" necesidades inmediatas, sacrificando incluso la propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación sobre sus recursos energéticos.

Pero no sólo eso. La concesión de los energéticos (hidrocarburos y electricidad), compromete gravemente la exclusividad del Estado en materia de energía, porque transfiere a intereses particulares la facultad de determinar el uso racional de los recursos naturales; cancela la posibilidad de un desarrollo científico y tecnológico propios, compromete la protección del medio ambiente y por tanto la atención de la población en general.

Esta actitud es, además, cínica. Para pasar encima de la Constitución, a través de la "legislación secundaria" se ha mutilado el concepto de servicio público. No corresponde ya a los términos del proceso de trabajo eléctrico para los cuales fué establecido. Aprovechando las nefastas reformas a la Ley del Servicio Público de 1992 y subsecuentes, se ha "determinado" INCONSTITUCIONALMENTE, que existen áreas de la industria eléctrica que NO son servicio público y que por lo tanto, quedan excluídas del alcance del párrafo 6o del Art. 27 constitucional.

Pero no hay tal. El Servicio Público de Energía Eléctrica es de carácter social, es único en todo el país, y corresponde realizarlo exclusivamente a la industria eléctrica nacionalizada. Sólo de ésta manera ha sido posible para más del 95% de los mexicanos disfrutar de energía eléctrica suficiente, a precios de los más bajos del mundo. Para eso se nacionalizó la industria en 1960. Imposible pensar siquiera en un regreso a ese triste pasado.

Por ser estratégico, NINGUNA de las actividades propias del proceso de trabajo eléctrico puede ser objeto de concesión a particulares: planeación, investigación científica y desarrollo tecnológico, ingeniería, diseño y la fabricación, todas las fases de los combustibles (convencionales o alternos), el control del sistema eléctrico nacional. Para ello, se deben elaborar los planes y programas respectivos, de manera democrática y transparente. La privatización del sector energético se manifiesta además en el contratismo, responsable del uso de pésimos materiales y baja calidad en las obras públicas.

Pero todo ésto sólo será posible con una industria eléctrica integrada, como lo demuestra inclusive el fortalecimiento y concentración de los grandes consorcios energéticos transnacionales. CFE misma tiene hoy intereses en otras áreas energéticas (plantas de gas y terminales de carbón) y se ha establecido que elpotencial de cogeneración de PEMEX esimportante ¿Porqué,por ejemplo, no se procede a la integración de CFE y LyFC en primer término?

Esta y otras consideraciones se plasman en un proyecto de Ley que el Frente de Trabajadores de la Energía de México propone a los trabajadores y a la sociedad.

Ley Eléctrica del FTE